El acuerdo se tomó en la última junta de accionistas, celebrada el 13 de junio, a la que no acudieron los representantes de JZI. Tras la misma, la administración de la firma ha interesado a los tribunales la disolución propia. La demanda se sustenta en la "falta de acuerdo" de la renovación de los órganos sociales y la imposibilidad de aprobar las cuentas anuales ya auditadas.
Reclamación archivada
La causa última de la drástica decisión es la estrategia de obstaculización del vehículo inversor. Cabe recordar que esa senda se inició cuando el accionista de referencia interpuso una reclamación civil contra los gestores nacionales de la sociedad en España. El juzgado archivó el procedimiento en febrero de este año.
Esa acción judicial, no obstante, puso en tela de juicio la gestión de sus participadas en el país.
La deuda de la quiebra de Ombuds
Antes, sin embargo, el conflicto se remonta a la quiebra del grupo de seguridad Ombuds. La empresa fue a la insolvencia con un pasivo de 230,73 millones de euros, como explicó este medio.
El concurso de acreedores dejó una deuda impagada a Grupo Gedesco de 23 millones de euros, admitió la financiera valenciana. Las obligaciones las contrajo la empresa por medio de su socio mayoritario, que había financiado a la empresa em apuros.
Responsabilidades millonarias
En ese marco, el antiguo propietario de la cabecera de Gedesco, JZI, comenzó un proceso de desinversión en España, tratando de sacar sus activos del país.
Pulso societario
Esa hoja de ruta se acompañó de una estrategia hostil contra su participada. Tras el fracaso de la acción judicial en Nueva York (Estados Unidos), la filial holandesa de JZI, JZ Gedehold, interpuso una querella contra sus socios minoritarios y antiguos empleados en España.
El escrito contenía la petición de medidas cautelares, que se centraban en la administración judicial de Gedesco. El juzgado la rechazó.
Treta
Desde el entorno del proceso se asegura que esa denuncia por la vía penal contenía "delito inverosímiles", como el fraude de pagarés por valor de 70 millones de euros. Ante ello, la sala desestimó la adopción de hasta 80 medidas cautelares.
En puridad, fuentes conocedoras indican que esa querella se explicaba por la estrategia de desinversión de JZI en España. Este movimiento se explicaría por su voluntad de evitar responsabilidades en la quiebra de su filial Ombuds. Ese proceso empezó con la venta de la aseguradora Galilea.