La estrategia legal del fondo JZI en España ha pinchado. La justicia ha denegado la solicitud de los ricos estadounidenses David Zalaznick y Jay Jordan de intervenir la firma de inversión Gedesco. Es el segundo golpe a la lucha en los tribunales que mantienen para tomar el control de esta compañía española, ya que en Nueva York se ha archivado su demanda por la inversión realizada en Stator Management.
A este golpe se le suman las sorpresas que fuentes jurídicas aseguran que les esperan en el concurso de acreedores de Ombuds Seguridad. La empresa fundada por la familia Cortina declaró el concurso voluntario de acreedores en julio de 2019 y fue a liquidación cuatro meses después. Los abogados en España de Zalaznick habrían intentado cortar la “sangría millonaria de responsabilidades reales” que le pueden derivar a JZI como titular real del grupo de seguridad al inculpar a Gedesco de una supuesta trama de pagarés para falsear la situación financiera de la compañía y salvaguardar con ellos las responsabilidades como cliente fallido.
Argumentos del juez contra JZI y Zalaznick
El juzgado de instrucción que lleva el caso publicó el pasado 28 de junio la desestimación de la demanda de intervención judicial de Gedesco y que analizaba, al mismo tiempo, esta acusación, el sustento principal de la querella. En el auto, expone que “en este momento es aventurado, con la aportación unilateral de la documentación que se acompaña (parcial, pese a que se designe el notario en la que queda depositada el resto de la misma), sin haber oído a los querellados, sin conocer las condiciones de provisión, subyacentes a su emisión, las de negociación, pago o devolución de dichos instrumentos, estimar no solo la adecuación a tipo penal, sino también el perjuicio económico que dicha supuesta práctica ha podido originar a la sociedad o al Grupo Gedesco”.
Dos trabajadoras de Ombuds en una protesta ante la Ciudad de la Justicia en 2017
Añade que se debe tener en cuenta “su real significación y traducción contable en el ámbito patrimonial de la compañía, o en el del propio fondo o vehículo de inversión en el que dichos efectos cambiarios eran colocados, sin poder establecer, más allá de la lógica argumentativa del relato, el supuesto perjuicio irrogado a la sociedad o al propio fondo (cuya sociedad gestora no es aquí querellante), por lo no es prudente ni aparece una justificación indiciaria reforzada para la adopción de medidas cautelares con base a tal imputación”.
Implicación de Toro Finance
Además, manifiesta que “debe añadirse a lo anterior que, en la querella, y sin efectuar distinción, se establece con llamativa imprecisión, la determinación del supuesto perjuicio referido no solo a la entidad querellante JZ Gedhold, sino también a Toro Finance, una entidad que no está personada en esta causa, y cuya implicación, también a nivel fáctico, es incoherente con la configuración subjetiva del proceso y con la legitimidad para el ejercicio de acciones por daño patrimonial”
Responsabilidad de hasta 60 millones
El agujero de Zalaznick con Ombuds asciende a más de 50 millones de euros. De esta cantidad, 18 millones son la responsabilidad fiscal que ya han sido abonados por Toro Finance. Los 32 millones restantes los ha tenido que soportar Gedesco.
Un vigilante de seguridad de la extinta Ombuds
Dichas responsabilidades se ha anunciado que serán reclamadas a Zalaznick en Nueva York por parte de los minoritarios españoles y por el propio fondo inversor. Los mismos abogados de Zalaznick reconocieron que el administrador judicial de Ombuds les había transmitido la reclamación de responsabilidad a JZI en el concurso que podría ascender a más de 60 millones de euros en la pieza de calificación. El proceso sigue su curso.