La segunda jornada del juicio mercantil que determinará el futuro de Celsa ha arrancado este martes con la declaración de Lazard, la consultora contratada por la familia Rubiralta para elaborar un informe que fijó el valor de la siderúrgica en unos 6.000 millones. Representada por Pedro Pasquín y José María Jauregui, los dos financieros han asegurado ante el juez del Mercantil 2 de Barcelona que toda valoración que se elabore sin entrar en contacto con el equipo directivo de una empresa es “de baja calidad”.
Aunque no se ha nombrado en ningún momento, toda la sala ha sido consciente de que se referían al informe realizado por Lexaudit, el independiente que puso la lupa en el grupo y que rebajó esta valoración en entre 2.600 y 2.800 millones, un valor casi análogo a la deuda total. Los propietarios de la principal siderúrgica en España intentaron excluir este documento de la causa, cuestión que fue rechazada por el magistrado Álvaro Lobato.
El valor de Celsa
No se trata de una cuestión precisamente menor. El valor total de la compañía resulta una cuestión clave a la hora de validar o rechazar la propuesta de reestructuración presentada por los acreedores y que el tribunal mercantil debe decidir si valida o no en base a la nueva regulación concursal.
Oficinas del grupo Celsa / CELSA GROUP
Según han detallado los representantes de Lazard en la sala, su valoración al alza de Celsa está basada en proyecciones actualizadas del plan de negocio. Han detallado que fueron realizadas a principios de 2023 y que están respaldadas por dos bancos de inversión internacionales. “Hemos aplicado los métodos más tradicionales, consideramos que nuestra valoración es la correcta. No significa que otro no pueda llegar a otra cifra distinta”, han declarado ante el magistrado.
Pugna judicial entre propietarios y acreedores
Ayer arrancó el juicio que debe dirimir si la familia Rubiralta mantiene el control sobre Celsa o si deben diluirse en el capital y dejar paso a los acreedores, que se coinvertirían en el accionista mayoritario del grupo siderúrgico.
Los propietarios de la empresa insisten en que los informes financieros de los fondos omiten que la compañía pasó por una situación compleja durante la pandemia del Covid y argumentan que la siderúrgica registró cifras récord de facturación y rentabilidades muy superiores a los de 2021, hecho que avalaría su gestión. Los fondos, a su vez, insisten ante el juez en tirar adelante su plan de reestructuración como única garantía de viabilidad tanto para la compañía como para los 10.000 empleos directos y los 30.000 indirectos. Señalan que su intención es solo la de cambiar la dirección de Celsa y abren la puerta a validar el plan de negocio de los Rubiralta.
El juicio tendrá lugar a lo largo de esta semana y las conclusiones se leerán el próximo 11 de julio.