La hostelería podrá reclamar unos 200 millones por el IAE en el Covid

Dos sentencias dictadas recientemente por el Alto Tribunal ratifican el fallo emitido en su día por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Valencia. La sentencia que reconocía el derecho de empresarios hosteleros agrupados a reclamar efectos fiscales como consecuencia de la paralización forzosa de su actividad a partir de aquel 14 de marzo de 2020, cuando la práctica totalidad de la ciudadanía quedó recluida en sus hogares como medida para paliar la propagación del coronavirus.

Sin afectar al hecho imponible

La citados fallos resuelven en casación los recursos presentados por el Ayuntamiento de Valencia, al que los hosteleros reclamaban la compensación y devienen en firme por cuanto con ellos finaliza el proceso judicial por vía ordinaria.

Los jueces consideran que el cese total de la actividad por la aplicación del estado de alarma no tiene como consecuencia la inexistencia del hecho imponible que contempla del IAE durante el periodo de inactividad.

Paralización de industrias

Se trata de una figura fiscal que recaudan directamente las corporaciones locales por el mero hecho de ejercer una actividad económica de cualquier tipo en el municipio, por lo que no grava rendimientos de la misma.

Para el Supremo, el caso a aplicar es el del régimen de paralización de industrias que se contempla en el Real Decreto Legislativo 1175/1990, que observa una rebaja de la parte proporcional de la cuota en función del periodo de tiempo en que la empresa hubiera dejado de funcionar.

Aluvión de reclamaciones

En su día, pese a que el estado de alarma impedía el desarrollo de la actividad de las empresas de hostelería, éstas tuvieron que hacer frente al pago íntegro del IAE, lo que hizo que hasta los juzgados llegara un auténtico aluvión de reclamaciones. Ahora, se han visto respaldadas por la decisión del Tribunal Supremo.

Expertos jurídicos en materia tributaria recuerdan que el IAE grava "el mero ejercicio de la actividad empresarial, profesional o artística", algo que desde mediados de marzo y hasta prácticamente la última semana del mes de junio de 2020 no fue posible realizar en España en el ámbito de la hostelería sin contravenir el Real Decreto por el que se estableció el estado de alarma.

Recaudación municipal

“Esta circunstancia motiva la exigencia de responsabilidades en el ámbito civil a los damnificados por parte de la Administración competente”, señalan en un despacho madrileño. Unas exigencias en forma de reclamaciones que también alcanzan al ámbito fiscal, aunque en este terreno ha surgido igualmente un buen número de dudas sobre el procedimiento y también las cuantías a reclamar.

Según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda, los ayuntamientos recaudaron un total de 1.410,2 millones de euros en concepto de IAE a lo largo de 2020. Diversas estimaciones de técnicos del departamento apuntan a que en torno a un tercio de este montante está directamente relacionado con la actividad hostelera. 

Financiación para las corporaciones municipales

EL IAE es una de las figuras fiscales cuya recaudación contribuye a financiar los presupuestos de las corporaciones municipales, aunque no figura entre las principales aportaciones a las arcas de los ayuntamientos.

De hecho, aquel año 2020 el IAE se sitúo en quinto lugar en la clasificación de impuestos municipales con mayor recaudación, con una cifra que no alcanzó al 6% del total. De todas ellas, sobrasale como principal la del Impuesto de Bienes Inmuebles, cuya recaudación líquida ascendió a un total de 12.846,5 millones de euros. Supuso algo más de un 68% del montante correspondiente a los impuestos directos.

Satisfacción en la patronal

La decisión del Supremo ha sido recogida con satisfacción por los representantes del sector. Hostelería de España ha valorado como "muy positiva" la sentencia del Alto Tribunal y ha recordado que reconoce los derechos de los empresarios a ser compensados por pagos que en ningún caso deberían haber consignado.

La patronal fue de las más beligerantes en su día a la hora de reclamar compensaciones a la Administración Pública por las cuantiosas pérdidas que supuso para el ámbito la aplicación de restricciones a la movilidad y la actividad económica.