Restalia llevará a los tribunales a quienes instaron la denuncia fallida contra el grupo

Restalia ya ha puesto en marcha la maquinaria para ejercer las acciones legales civiles y penales contra el grupo de exfranquiciados que denunciaron a la compañía por supuesta estafa y que el juez archivó hace unos meses en un auto demoledor para la parte denunciante.

Tal y como anunció la compañía una vez se dictó el archivo, su objetivo era emprender las acciones de cualquier índole frente a la intencionada campaña de desprestigio que se ha llevado a cabo y de reclamación de los perjuicios que estas actuaciones ocasionaron. Pasados algo más de tres meses desde entonces, ya han iniciado los trámites legales contra todos aquellos que han dañado “la imagen y reputación de una compañía comprometida de manera firme y constante con sus franquiciados”, como anunciaron en su día.

PWC, Thinking Heads y Garrigues

Para ello, Restalia se ha rodeado de las consultoras más reconocidas: tanto PWC como Thinking Heads concluyeron los informes pertinentes, cuantificando en más de 10 millones de euros el daño reputacional y en términos de negocio ocasionados. Por su parte, los despachos de Garrigues, a través de su socio Pedro Miguel González, y del abogado penalista José Antonio Choclán serán los encargados de liderar los procesos judiciales, tanto civiles como penales, que se iniciarán tan pronto se archive la causa de manera definitiva y cuyo plazo se estima que será antes de que finalice el año.

Nueva imagen de Cervecería La Sureña Jarras y Tapas / RESTALIA

Las acciones legales que podría emprender Restalia, según expertos jurídicos, incluyendo acciones individuales o de responsabilidad solidaria frente a varios de los denunciantes, irían desde querellarse por denuncia falsa, infracción de derecho al honor, intimidad y propia imagen, o acciones de competencia desleal, pues los denunciantes tienen intereses en cadenas de la competencia. Respecto a los abogados, podrían reclamar por infracción de derecho al honor, por vulneración del código deontológico por fallar a la presunción de inocencia con objetivo de negocio y la búsqueda de clientes y la reclamación de los daños causados. 

Otros procesos judiciales ya iniciados con resoluciones a favor de Restalia

Restalia también ha ejercitado y está ejercitando acciones con resoluciones judiciales a su favor frente a algunos de los exfranquiciados que lideraron la denuncia fallida por incumplimientos del Contrato de Franquicia, uso ilegítimo de la marca y engaño por parte de estos a los clientes sobre su continuidad en la red de franquicias pese a la extinción de sus contratos.

Al parecer, entre estos locales se encuentran entre otros, dos TGB, uno localizado en el Centro Comercial Intu Xanadu y el otro en Intu Asturias. Ambos establecimientos, según indican fuentes, ya no forman parte de la franquicia y, sin embargo, como se ve en internet, siguen operando, en contra de las resoluciones dictadas, con el rótulo de la marca de Restalia, hecho que genera quejas y confusión entre el consumidor, ya que muestran apariencia de operar bajo la marca cuando no es así.

Archivo del caso

El pasado 31 de enero el juez archivó la denuncia de un grupo de exfranquiciados contra Restalia al no encontrar indicios de delito alguno. Desestimó todos los argumentos esgrimidos por los bufetes encargados del caso, Rafael Franco y José Luis González-Montes, del bufete Cremades & Calvo Sotelo, representantes del grupo de exfranquiciados liderados por Enrique Cebeira, Julián García y José Antonio Lombardía Según indican las fuentes consultadas, precisamente la rueda de prensa ofrecida por estos tres ex franquiciados en uno de los despachos de abogados que iniciaron la denuncia contra Restalia será uno de los elementos del procedimiento.

Surtido de productos de un local de Restalia / RESTALIA

El auto, muy duro contra los querellantes, explicaba que la denuncia contenía "un totum revolutum de imputaciones sin ninguna clase de fundamento, que no son sino valoraciones interesadas y muy subjetivas".

El archivo del caso, dijo Restalia entonces, “confirma que ni Restalia ni ninguno de sus directivos cometieron delito alguno, habiendo actuado siempre con plena sujeción a la ley”, e insiste en la situación de “absoluta indefensión” sufrida “mientras se publicaban noticias filtradas por los interesados totalmente sesgadas que han causado un daño muy relevante, no solo a Restalia, sino también a los cientos de franquiciados que mantienen sus negocios abiertos”.