Foment del Treball reanuda su lucha contra el impuesto de Patrimonio en los tribunales

Foment del Treball ha anunciado la presentación de una nueva acción judicial contra el impuesto de Patrimonio. Se trata de la tercera iniciativa de la patronal para tumbar un gravamen que, en palabras de su presidente, Josep Sánchez Llibre, es "confiscatorio" y resta competitividad a la economía española. La entidad también presentó el pasado febrero un informe contra el impuesto temporal sobre grandes fortunas.

Foment ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para impugnar la orden ministerial que regula el modelo de declaración del tributo. La patronal solicita al tribunal que eleve una cuestión de inconstitucionalidad ante el órgano de garantías.

Tercera acción judicial

"Estamos convencidos que el Tribunal Constitucional lo declarará inconstitucional. No pararemos hasta que un impuesto tan nocivo desaparezca de la legislación", ha expresado Llibre. La medida se aprobó ayer por unanimidad en la junta directiva de Foment y hoy se trasladará a CEOE.

El líder de la organización empresarial ha comunicado la acción acompañado de los abogados Jordi de Juan y Manuel J. Silva. Ambos han explicado que tanto en la forma como en el fondo este instrumento reviste serios indicios de inconstitucionalidad.

Recurso vivo del PP

En la forma, porque pese a haberse derogado en 2008, el impuesto de Patrimonio ha seguido vigente a través de sucesivos decretos ley y se incluyó en la ley de presupuestos generales de 2021.

Esta inclusión ya fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad planteado por el PP en marzo de 2021 a instancias de Foment; este recurso aún no ha sido resuelto. La patronal también instó en 2022 un recurso contra el gravamen temporal a las grandes fortunas, a través de un informe elaborado por el bufete Roca&Junyent cuyos argumentos fueron recogidos por algunos gobiernos autonómicos dirigidos por los populares.

Carácter confiscatorio

En el fondo, porque vulnera el principio de capacidad económica consagrado por el artículo 31.1 de la Constitución. Además, Foment quiere que, al igual que ha ocurrido en Alemania, el Constitucional fije un criterio claro sobre cuándo un tributo adquiere un carácter confiscatorio.

De Juan ha señalado que "en nuestro sistema fiscal, el efecto conjunto del IRPF y del impuesto de Patrimonio puede estar por encima del 60% de la renta de una persona".

Derecho de devolución

Por otro lado, Silva ha apuntado que el gravamen "apenas existe en ningún país de la Unión Europea" y "hace mover a los directivos de las empresas" hacia territorios libres de este mecanismo.

"Si se declarase inconstitucional nacería un derecho de devolución de los ingresos indebidos", ha apuntado de Juan. Se tendrían cuatro años desde la liquidación del impuesto para exigir reembolsos millonarios ante la Agencia Tributaria de Cataluña, que es quien recauda este tipo fiscal.