Torrent asegura que la Generalitat trabaja en una regulación sobre pisos turísticos

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent, ha anunciado este miércoles que su departamento y el de Territorio estudian un nuevo "marco normativo" para los pisos turísticos en Cataluña.

El mandatario de ERC ha respondido así a una interpelación de En Comú Podem en el Parlament, destacando que la Generalitat no ha querido plantear esta propuesta ante el "contexto electoral", a diferencia de lo que, a su juicio, han hecho los comuns con su proposición de ley sobre pisos turísticos.

Torrent, no obstante, se ha mostrado dispuesto a estudiar la proposición de ley, registrada tras la polémica por la concesión de licencias turísticas a 120 pisos de la barcelonesa calle Tarragona aprovechando la anulación judicial del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT).

'Pique' con el Ayuntamiento de Barcelona

El conseller ha sostenido que la Generalitat elaborará su propuesta desde el "consenso", y a partir del modelo turístico que plasma el Compromís Nacional per un Turisme Responsable.

"Si realmente se quiere que sea definitorio, es necesario hacerlo con diálogo con todos los agentes del ecosistema", ha manifestado Torrent, que ha afeado al Ayuntamiento de Barcelona no haber decretado una moratoria o dictado una ordenanza para evitar conceder licencias durante la anulación del PEUAT.

La diputada de los comuns Jéssica González ha respondido a Torrent que la alcaldesa, Ada Colau, sí planteó una moratoria que ningún grupo apoyó --tampoco ERC--, y ha instado al conseller a concretar qué "herramientas" ha usado la Generalitat para frenar la proliferación de pisos turísticos.

A pesar de esta réplica, Torrent ha acusado al Ayuntamiento de Barcelona de "sacudirse" las responsabilidades, y ha insistido en que tenía competencias para dictar una ordenanza sobre usos turísticos y evitar "determinados usos vinculados al turismo".

La proposición de ley registrada por los comuns pide regular los apartamentos turísticos para que no puedan estar en edificios con pisos residenciales y reforzar las competencias de los ayuntamientos.