Tyrus Capital impone una quita del 95% para salvar el hotel Juan Carlos I

Una quita del 95%. O lo que es lo mismo: solo devolver a los acreedores cinco euros --un 5%-- de cada cien que les deben. Esto es lo que pretende el fondo de inversión Tyrus Capital en el hotel Juan Carlos I de Barcelona, el único alojamiento de cinco estrellas que permanece cerrado en la capital catalana desde la fase dura del Covid. El activo sigue sin operar y en concurso de acreedores, y, de hecho, la insolvencia se ha enmarañado, con acusaciones de "fraude concursal". 

Por partes, Tyrus, que capitanea el directivo y tiburón de las finanzas Tony Chedraoui, está planteando una macroquita del 95% a los acreedores. Solo "puede" devolver cinco euros de cada cien de deuda, lo que suponen muchos millones de euros, toda vez que la deuda del resort urbano se calcula en 200 millones, explican fuentes cercanas al concurso. Para justificarlo, Pablo Usandizaga, el abogado-chatarrero del Juan Carlos I, y que representa a Tyrus, ha entregado unos informes en los que describe un activo prácticamente en quiebra. 

Calco con Husa

De hecho, la presencia de Usandizaga es crucial. Este desconocido abogado intervino también en el concurso de acreedores de Husa Hoteles, que terminó con la firma de un convenio en 2015 que la hotelera de Joan Gaspart incumplió y que, por ello, fue a la liquidación. Ahora y según fuentes conocedoras, el letrado quiere repetir lo propio con el concurso de Barcelona Project's SA, titular del Juan Carlos I, "imponiendo una quita gigantesca para que la culpa de la insolvencia la soporten los acreedores".

El dosier presentado por el abogado se apoya en una due dilligence elaborada por la prestigiosa consultora inmobiliaria CBRE. Según este análisis de valor, "el activo no vale prácticamente nada" y "apenas hay capacidad para sacarle rendimiento". Ello pese a que, para empezar, al Juan Carlos I le quedan al menos 17 años de concesión: hasta 2039. Puede trabajar otros 17 años con sus respectivos veranos y otros tantos Mobile World Congress (MWC). 

"Valdrá 150 millones más"

Pero es que hay más, porque algunos acreedores desconfían del valor real que presenta Tyrus Capital con el apoyo de CBRE. "El Juan Carlos I es un hotel-resort con 432 habitaciones, spa, jardín y el Palacio de Congresos de Cataluña. Tiene, sí, 17 años de concesión municipal más, pero tras ese periodo no volverá al Ayuntamiento de Barcelona. No, en absoluto".

Los tenedores de deuda, y entre estos hay "pymes, proveedores y tejido empresarial local", saben a ciencia cierta "que el ayuntamiento renovará la concesión" el próximo mandato. Por ello, el Juan Carlos I seguirá operando como hotel de lujo. Y, por ende, su valor "aumentará". ¿Hasta cuánto? "Unos 100 o 150 millones de euros más", calculan. De hecho, renovar la concesión es sencillo: basta con impulsar el convenio desde la comisión de gobierno, llevarlo a comisión municipal y después, al pleno. 

"Tyrus tiene un porfolio de 900 millones"

Hay otro argumento que no gusta a las empresas que tienen fondos atrapados en el cinco estrellas gran lujo. Tyrus Capital ha planteado un descuento del 95% "pese a que dice que el hotel no puede operar más allá de 2039, lo que no es cierto, y a que el mismo fondo opera Tyndaris, el del Juan Carlos I, que tiene una cartera de gestión de activos por valor de unos 800 o 900 millones de euros". 

Este potencial financiero escama a los acreedores, que alertan de que el vehículo inversor de Chedraoui "está actuando como un verdadero fondo buitre en el sentido más puro de esa expresión". 

"La ley nos ampara"

Cualquiera que fuere el potencial del nuevo dueño del Juan Carlos I, los acreedores le advierten de que "no puede endosarles la quita a ellos". ¿Por qué? Porque la ley establece que si un activo en concurso cambiara de valor, la insolvencia se puede dilatar hasta que ello ocurra", razonan. Apelan al artículo 383.6 de la Ley concursal, que fija que puede oponerse al convenio quien en la "liquidación de la masa activa una cuota [...] superior a la que obtendría con el cumplimiento del convenio". 

Existe un plazo de cálculo, según el mismo texto: dos años. Por ello, los acreedores apremian a calcular lo que "realmente valdrá" el hotel cuando se extienda la concesión. No es necesario pactar el convenio ahora, si no que se puede esperar a que el nuevo gobierno municipal que salga de las elecciones del 28 de mayo prorrogue la licencia al hotel. 

"Si hay fraude concursal, habrá responsables"

De hecho, las mismas fuentes conocedoras lamentan que el proceso para pactar la salida de la insolvencia del hotel "vaya rapidísimo pese a la huelga de letrados de la administración de justicia", que está demorando muchos procedimientos, incluidos "todos los otros concursos". Desconfían, pues, de que una conjunción de intereses quiera enterrar por la vía rápida esta insolvencia.

Si es así, los acreedores prevén alertar al juez de la sala Mercantil número 11 de Barcelona, que conduce el proceso, de que "si se consuma el posible fraude procesal, habrá responsables: el fondo de inversión, el abogado Usandizaga, el ayuntamiento y el propio magistrado". Ante ello instan a recalcular su pérdida para que el quebranto no lo encaje la economía local.