Barcelona deja al Fairmont Juan Carlos sin permiso hotelero

Marcha atrás del Ayuntamiento de Barcelona en sus planes para "salvar" el Fairmont. El consistorio ha decidido finalmente no alargar el permiso municipal de uso hotelero a los terrenos del Rey Juan Carlos I como estaba planeado.

El hotel propiedad de la familia real saudí Ben Nasser, que permanece cerrado por sus deudas, no recibirá la extensión de 50 años que le permitiría operar hasta 2090, según ha avanzado La Vanguardia y han confirmado a Crónica Global fuentes municipales. Lo ha impedido la falta de acuerdo entre los acreedores, que era una de las condiciones necesarias para dar continuidad al proyecto.

Zona del 'hall' del hotel Fairmont Juan Carlos I de Barcelona, que lleva meses cerrado / CG

Caduca en 2040

El establecimiento logró colocar parte de su deuda de 70 millones a inversores internacionales para facilitar su venta, aunque se da por sentado que no podrá abrir este verano. El negocio se encuentra ahora en preconcurso de acreedores.

El Ayuntamiento de Barcelona decidió extender 50 años el uso hotelero del Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I para "salvar la actividad hotelera y los cerca de 500 empleos" que genera. La no renovación implica que el derecho de superficie caducará en 2040. Llegados a este punto, el consistorio, que ha intentado impulsar la operación "hasta el último momento", pedirá el "reinicio inmediato" de la actividad hotelera pese a constatar que la extensión de la concesión municipal es "inviable".

Imagen del hotel Fairmont Juan Carlos I de Barcelona / CG

Un legado de la Barcelona olímpica

El hotel se encuentra en un finca municipal con derecho de superficie otorgado a favor de la empresa Barcelona Project's por escritura pública de 12 de julio de 1990. El objetivo de esta cesión fue incrementar las plazas hoteleras de cara a la Olimpiadas que acogió la capital catalana en 1992.

La renovación de la cesión municipal era uno de los factores que hubiera facilitado la venta. Por ello, la Comisión de Gobierno de Barcelona aprobó un protocolo de intenciones entre el ayuntamiento y la sociedad para sacar a concurso los 19 años del derecho a superficie que quedan hasta 2040, que habría permitido que el ganador operara el espacio hasta 2090.