La junta aprueba la mudanza de Ferrovial cuya filial española tutelará un hijo de Del Pino

Ferrovial cuenta ya con el visto bueno de sus socios para trasladar el domicilio social de su matriz a Países Bajos, tras la aprobación de la medida por parte de la junta de accionistas que se ha celebrado este jueves en Madrid, considerada como una de las más trascendentes de su historia por este motivo.

A falta de conocer los datos exactos de la votaciones, que Ferrovial debe hacer públicos en los próximos días, los responsables de la asamblea han constatado el apoyo mayoritario al punto décimo del orden del día, que incluye la operación de fusión de la matriz con la sociedad que engloba los activos internacionales del grupo de infraestructuras, Ferrovial International SE, domiciliada en el estado neerlandés desde hace ya tres años y que opera bajo el régimen de Sociedad Europea. 

Nueva filial

Aunque no era objeto de debate en la junta, en paralelo con su celebración también ha trascendido que la empresa ha constituido una filial de Ferrovial International SE en España, que viene a ocupar el lugar que deja la actual Ferrovial S.A., cuya extinción está prevista tras la fusión. 

Esta mercantil de nuevo cuño no se regirá, por el momento, a través de un consejo de administración. Su tutela correrá a cargo de varios apoderados entre los que figura Ignacio Del Pino Fernández-Fontecha, hijo del presidente y primer accionista de Ferrovial, Rafael del Pino. 

Críticas de minoritarios al Gobierno

El registro de esta sociedad ha sido publicado este mismo jueves en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), en coincidencia con la celebración de la junta. Como apoderado de la nueva filial también figura Javier Martínez-Pardo Arsuaga, actual director corporativo de Financiación y Tesorería de Ferrovial.

Mientras, en el turno de intervenciones de los accionistas en la asamblea han participado dos representantes de asociaciones internacionales de inversores minoritarios, que han expresado sus críticas a lo que consideran que han sido injerencias del Gobierno en una decisión empresarial que “sólo corresponde a nosotros como propietarios de la empresa”.

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