Dos multinacionales se han presentado al concurso de transporte sanitario urgente del País Vasco. La danesa Falck y HTG, que es propiedad del fondo de inversión Real Assets IM, optan a contratos de ambulancias en Euskadi, enfrentándose a empresas con acento social como la catalana La Pau, que confía en que prevalezca su trayectoria en esta región desde 2020 y en su carácter cooperativo.
Informan de ello fuentes del sector, citando lo ocurrido hoy en el Departamento vasco de Salud, donde ha arrancado el procedimiento de adjudicación de los contratos urgentes de ambulancias, divididos en seis lotes y con una dotación económica de 147 millones. Según estas voces, los técnicos del Ejecutivo autonómico han contado y dado el visto bueno a cinco ofertas: Falck, Ambulancias Rodrigo (HGT); La Pau, Ambulancias Guipúzcoa --también cooperativa-- y la polémica firma andaluza Ambulancias Tenorio.
Los grandes quieren el pastel
A grandes rasgos y a la espera de confirmación, la mayor de las apuestas la hace la catalana La Pau, que se habría presentado a cuatro lotes, según las primeras informaciones. Falck optaría a tres, Rodrigo y Guipúzcoa a dos; y Tenorio a uno.
La primera acta de la mesa de contratación, explican estas voces, arroja una conclusión: dos grandes grupos multinacionales quieren morder en las ambulancias vascas. La primera de ellas es la escandinava Falck, que quiere entrar en el territorio, como avanzó este medio, utilizando de trampolín los tres lotes que opera en Cataluña desde 2015.
HTG, en el punto de mira
La apuesta del grupo que en España dirige Jordi Tusell --exdirectivo de ISS-- está por ver. Más polémica es la propuesta de HTG, propiedad del inversor independiente Real Assets IM, que adquirió la compañía a ProA e Investindustrial en 2021. El conglomerado controlado por el capital riesgo quiere repetir en el País Vasco tras firmar una hoja de servicios irregular en Cataluña --su gestión en Girona generó el movimiento Tècnics en Lluita--, Castilla y León, Cantabria y Canarias.
En 2020, HTG ya se presentó a la licitación, aunque cedió los dos lotes de mayor presupuesto a la catalana La Pau. Tras ello armó una batalla y acudió a la justicia, pero sus pretensiones llegaron hasta el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. No pasó de allí.
Cooperativa y arraigo
Precisamente, la transportista de Badalona (Barcelona) tratará de revalidar los dos contratos --los máximos que puede lograr para favorecer la competitividad-- con un planteamiento basado en su desempeño en los últimos cuatro años en el transporte urgente y el último año en las ambulancias no urgentes.
Además del servicio prestado en los dos servicios desde 2020 y 2022, la catalana apelará también a su carácter de empresa social para hacer frente a los grandes grupos, que en ocasiones han forzado las propuestas económicas por mor de una tesorería más holgada. Es un planteamiento similar al de Ambulancias Guipúzcoa, centrada en esta provincia y que también está participada por socios y no accionistas.
Tenorio
También es relevante la presencia de la controvertida Ambulancias Tenorio, máxime cuando la sureña acaba de ganar el contrato de transporte urgente de Aragón con grandes protestas, una huelga y acusaciones de presunta prevaricación --por no tener plan de igualdad pactado con los sindicatos, un requisito para contratar con la Administración-- que la enseña niega.
La empresa familiar acude también a uno de los lotes después de la polémica de los Offshore Leaks, que afloró el nombre de una persona con el mismo apelativo que el fundador de Tenorio que controló sociedades en Panamá, un paraíso fiscal según el listado anual de la Unión Europea (UE). Sin embargo, el grupo negó relación alguna con jurisdicciones fiscales no colaborativas y atribuyó la coincidencia a un error. Asimismo, ha demandado a Crónica Global en un juzgado de Sevilla porque sostiene que las informaciones publicadas dañaron su honor.
Cataluña vendrá después
Sea como fuere, el pulso entre grandes y medianas empresas en el País Vasco entraña trascendencia porque antecede a la gran licitación del transporte sanitario en España, que será la de Cataluña en 2025. La última gran externalización ocurrió en 2015 y movilizó cerca de 1.000 millones de euros de presupuesto. Acabó en una cruda guerra entre empresas, con espionaje entre ellas, amenazas y al menos una denuncia en la fiscalía que no prosperó. Asimismo, aquel procedimiento estuvo sobrevolado por el sector negocios de CDC, que se hizo con al menos una de las adjudicatarias, Ambulancias Egara --ayudó en ello el empresario independentista David Madí--, y hundió a su socia en UTE con la complicidad de la Consejería de Salud, entonces controlada por la antigua Convergencia.
Como explicó este medio, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ya ha lanzado trabajos previos para preparar el nuevo concurso, que se prevé incluso más disputado que el que ahora empieza en el norte de España. Lo hace con más salvaguardas que el anterior para evitar los tentáculos del poderoso sector nacionalista en salud, detalló Crónica Global. En puridad, el SEM enterrará --por ahora-- las intenciones de la CUP, antaño socio del Govern, de internalizar el transporte sanitario. El Ejecutivo se comprometió a estudiarlo impulsando una comisión parlamentaria, aunque el grupo de trabajo ni ha llegado a conclusiones y en año y medio se publicarán los pliegos de condiciones, abriendo la liza.