Los datos de la experiencia de la fallida ley catalana del alquiler demuestran el fracaso del tope a las rentas, que el Gobierno estudia replicar en su nueva ley de vivienda. El último informe de la Cátedra APCE-UPF Vivienda y Futuro analiza los efectos de esta normativa en Cataluña y concluye que, durante su vigencia, la oferta de pisos para arrendar se desplomó un 15%.
El autor del estudio, Josep Maria Raya, ha explicado que esta cifra está en la línea de los datos empíricos observados en otros mercados. "Se ha ido un 15% de la oferta de las ciudades donde ha habido una limitación en los alquileres", ha subrayado el profesor. De hecho, en el caso catalán, se logró una reducción inicial de precios por la pandemia, pero se acabaron superando los precios previos a la entrada en vigor de la ley y el encarecimiento fue superior al registrado en Madrid en el mismo periodo.
Josep Maria Raya, Oriol Amat y Xavier Vilajoana en el acto sobre el tope al alquiler en la UPF / CG
No funciona, pero triunfa
El catedrático de Economía ha enmarcado esta medida en las "fake news de la economía", esa "políticas que no funcionan pero a las que la gente se apunta". En este sentido, la ha comparado a la última sesión de Bizarrap con Shakira, ya que "es el hit fácil" y "es muy fácil de entender y vender".
Para Raya, estamos ante "una medida barata" --no tiene coste para la Administración-- que permite "continuar teniendo uno de los presupuestos públicos destinados a vivienda más bajos de Europa". Sin embargo, ha alertado de que "tenemos toda la experiencia internacional y catalana de que no funciona" y que la verdadera solución pasa por "construir vivienda a largo plazo", especialmente pisos sociales a través de la colaboración público-privada.
Imagen aérea de viviendas en alquiler en Barcelona / EP
Se legisla con prisas
En la presentación de este policy brief, a la que también ha asistido el rector de la UPF, Oriol Amat, Raya ha insistido en que es necesario "ampliar la oferta de alquiler" y para ello hay que "incrementar la seguridad jurídica" a los operadores privados. En cuanto a vivienda social, ha recordado que España, cuyo parque público es prácticamente insignificante, va muy por detrás de países europeos como Suecia (donde representa un 20% del total) o Países Bajos (30%).
Por su parte, Xavier Vilajoana, presidente de los promotores catalanes, ha lamentado que "las políticas de vivienda se siguen pensando a corto plazo y no a medio plazo". "Es un gran error, mientras las Administraciones sigan pensando en corto, no solucionaremos el problema de la vivienda", ha advertido.
Un cartel de alquiler en un bloque de viviendas / EP
Falta consenso y conocimiento
El representante inmobiliario ha reconocido que esta lucha "parece perdida con estos Gobiernos y los pasados". Ha responsabilizado de la situación a "muchos colores políticos" que han gobernado en las últimas décadas y ha reclamado "consenso" y escucha "a los profesionales y entendidos en la materia antes de legislar".
Asimismo, ha indicado que en la parte destinada a alquiler social de los fondos Next Generation, "se han doblado las solicitudes para hacer promociones sobre suelo público". Por ello, se ha preguntado "qué habían estado haciendo los municipios propietarios de estos suelos en los últimos 15 años, que ha tenido que venir Europa con estos fondos para que se empiece a mover".