El resquicio legal de los VTC para frenar la normativa catalana

Han pasado 72 horas desde la entrada en vigor de la nueva normativa sobre VTC en Cataluña... pero todo sigue igual. A falta de que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que tutela el servicio de los vehículos de transporte con conductor en la región, comunique oficialmente cuántas licencias han superado el nuevo filtro legal, los chóferes de las plataformas digitales y de las flotas históricas siguen circulando por la capital catalana. Y, además, preparan una batería de demandas para frenar la puesta en marcha de una regulación autonómica que amenaza no solo con multarlos, sino con llevarlos a la extinción.

El pasado 31 de diciembre, Unauto --una de las dos patronales que agrupa a los VTC; la otra es Feneval, donde están representados Uber y Cabify, entre otros--, remitió una circular a sus asociados en que los instaba a solicitar medidas cautelares contra el decreto ley catalán 9/2022 aprobado el pasado julio. En el texto, al que ha accedido Crónica Global, la patronal se aferra a una disposición transitoria incluida en el decreto Ábalos de 2018 [puede consultarse aquí], que ordenó los requisitos mínimos del sector y abrió la puerta a una sucesión de normas adicionales por parte de las comunidades.

¿Riada de cautelares?

En concreto, Unauto considera que dicha disposición "permite que los VTC existentes en la fecha de entrada en vigor y aquellos que en dicha fecha estuvieran pendientes de resolverse" puedan seguir circulando durante un periodo de cuatro años y al margen de las legislaciones autonómicas. Diversas fuentes consultadas por este medio consideran que el cómputo de cuatro años debería arrancar desde la posesión plena de la autorización.

¿Por qué? Muchas licencias se empantanaron judicialmente tras su adjudicación inicial y terminaron ratificándose, una vez ganados los pleitos, en fechas posteriores como 2021 o 2022. Cada caso es distinto, resaltan los mismos interlocutores, aunque consideran que esta interpretación permitiría paralizar la aplicación del decreto catalán. Así concluye la circular de Unauto: "Todos aquellos asociados que no hayan obtenido la autorización urbana de la AMB por cualquier circunstancia podrán interponer demanda con solicitud de medidas cautelares si fuera de su interés continuar prestando servicio urbano".

Cabify y Uber, a la espera

Por su parte, ni Cabify ni Uber han querido posicionarse al respecto de la estrategia de Unauto a preguntas de Crónica Global --una estrategia complementaria a la presentación de demandas patrimoniales contra la Administración y que ya ha empezado--. Ambas compañías no mueven ficha por el momento y optan por la prudencia a la espera de cómo avanza la situación. Quien sí se ha mojado ha sido Bolt. "La situación actual provocada por la entrada en vigor de la normativa catalana y la decisión de los entes locales hundirá a todo un sector en el corto plazo", ha manifestado Daniel José Georges, director para VTC y taxis de la app de movilidad.

La empresa se refiere a requisitos como la longitud mínima de 4,9 metros de los vehículos y la posesión de etiquetas de emisiones 0 y ECO, que complican la continuación de la actividad de los VTC. "Lo que no tiene sentido ya que esta normativa, a tenor del último informe del abogado general de la UE, seguramente tenga que modificarse en dos o tres meses. Es necesario aplicar un periodo de gracia que evite la quiebra de miles de negocios a la espera de adoptar un nuevo marco que tenga en cuenta el fallo de la justicia europea", ha añadido el directivo. Justo la medida que intentarán forzar las flotas tradicionales de VTC, que ya han iniciado conversaciones con el Govern.

Luxemburgo tiene la clave

La clave está en la resolución que adopte Luxemburgo. Tras la contundente toma de posición del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que suele guiar la decisión final de los magistrados, todas las miradas están puestas en la vista que a principios de primavera desvelará el futuro de la legislación sobre VTC en España. En principio, el letrado de la UE marcó los puntos generales: la ratio 1/30 no es justa ni se puede abusar de las dobles autorizaciones.

Un par de argumentos que se dirigen contra la línea de flotación del esquema jurídico español y que podría propiciar un vuelco normativo. No en vano, el Gobierno estudia una reforma de la ley de transportes terrestres en la cual impactará el posicionamiento del alto tribunal comunitario. También está por ver qué sentencia el Tribunal Supremo respecto a los minutos extra de precontratación que fijaron País Vasco y Valencia en sus normas autonómicas. La vista en el Supremo está prevista el próximo 24 de enero.

Conflictividad a la vista

Demasiados frentes abiertos en España y Europa como para que el Instituto Metropolitano del Taxi (IMET) mueva ficha. El órgano dependiente del AMB mantiene un silencio espeso y no ha atendido a las peticiones de este medio. De hecho, no ha confirmado si es cierta la cifra difundida por Bolt de 300 licencias aprobadas sobre unas 3.000. La misma prudencia que cunde entre las plataformas digitales, según algunos interlocutores, es la que comparte el ente supramunicipal al menos de puertas hacia afuera.

Quienes sí han adoptado una actitud más proactiva han sido los taxistas de Élite Taxi. Ayer mismo, los trabajadores de la entidad liderada por Tito Álvarez realizaron piquetes informativos en la estación de Sants en Barcelona que se saldaron con algún desafortunado incidente. La situación empieza a caldearse ante la pasividad administrativa y amenaza con reavivar el conflicto latente entre taxis y VTC. Ello pese a que el decreto catalán fue calificado como "una obra de arte" por el propio Álvarez. 2023 ha empezado sin cambios, pero la situación se aclarará en los próximos meses. Mientras tanto, compás de espera.