Foment del Treball ha cumplido su advertencia: la patronal impulsará un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto a las grandes fortunas que el Gobierno prevé aprobar antes de finalizar el año. La medida se ha tomado al margen de la CEOE haciendo uso de su autonomía organizativa, como ha explicitado la propia entidad.
Pese a que tan solo las comunidades autónomas, el Defensor del Pueblo y un grupo de 50 diputados o senadores pueden interponer esta acción judicial ante el Tribunal Constitucional (TC), la patronal confía en que los grupos parlamentarios sean receptivos a sus demandas plasmadas en un informe jurídico. La ofensiva de Foment se sumará a los de Andalucía y Madrid, que ya han planteado su rechazo al nuevo gravamen.
Impuesto "confiscatorio"
La organización empresarial presidida por Josep Sánchez Llibre advirtió en septiembre de que acudiría al Constitucional para frenar el tributo que gravará patrimonios de más de tres millones de euros. En 2021, Foment ya impulsó un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto al Patrimonio. En aquella ocasión, el guante fue recogido por el Partido Popular, que materializó la iniciativa ante el TC.
El consejero de la presidencia de Foment y letrado del bufete Roca Junyent, Manel J. Silva, ha detallado la triple motivación de un recurso contra un impuesto que la patronal considera "confiscatorio" y "único" en el entorno europeo. En primer lugar, por vulnerar el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas. También por lesionar el principio de seguridad jurídica --está previsto que el tributo se devenga el próximo 31 de diciembre pese a aprobarse escasos días antes de que concluya el ejercicio-- y el principio de capacidad económica recogido en la Constitución.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, antes del pleno del Senado / EFE - Kiko Huesca
Críticas al Gobierno
Silva también ha criticado la técnica legislativa empleada por el Gobierno: "Se introduce el impuesto a las grandes fortunas a través de una enmienda de PSOE y Unidas Podemos no a un proyecto de ley, sino a una proposición de ley. Entendemos que es una forma de legislar incorrecta", ha explicado. "Son actuaciones sorpresivas", ha añadido, puesto que el gravamen no se incluyó en el plan gobernativo de la coalición entre ambos partidos.
La falta de informes consultivos de órganos como el Consejo para la Defensa del Contribuyente tan solo agrava el procedimiento seguido por el Gobierno.
Torpeza legislativa
Llibre ha abundado en las críticas a la torpeza legislativa del Ejecutivo por atentar contra "la seguridad jurídica y la confianza empresarial" y prescindir de la interlocución con los agentes empresariales. En materia laboral, ha cargado contra la modificación incluida en la reforma del delito de sedición para penalizar determinados supuestos que ahora solo merecían una sanción administrativa.
También ha denunciado la falta de concreción a la hora anunciar iniciativas como el impuesto a los beneficios extraordinarios de banca y energéticas y la semana laboral de cuatro días. "Son decisiones precipitadas del Gobierno del PSOE y de Unidas Podemos, muchas veces a instancias de Unidas Podemos, que afectan gravemente a la economía productiva y a la tarea diaria de los empresarios sin ningún tipo de diálogo previo", ha expresado.