Bancos y energéticas preparan su gran ofensiva legal e institucional contra Sánchez

Las grandes empresas del sector afilan sus armas legales desde que la medida fue anunciada por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el último debate sobre el estado de la nación. Hasta entonces, las compañías han optado por darse un tiempo a la espera de posibles novedades en el trámite parlamentario que, finalmente, no han sido las esperadas. 

De esta forma, los recursos contra estas nuevas figuras fiscales que comenzaron a prepararse desde los departamentos jurídicos de las compañías se reactivarán y su llegada a los tribunales se prevé para las próximas semanas. 

La intención de las empresas es que el proceso no se entremezcle con el clima previo a las elecciones municipales y autonómicas, que se celebrarán a finales de mayo y antecederán a las generales, que también tendrán lugar a lo largo del próximo ejercicio.

Lo más difícil de la pandemia

No obstante, no será el de los tribunales el único ámbito en el que se escenifique el desencuentro entre las empresas y el Ejecutivo. La ofensiva también se trasladará al ámbito institucional, en el que las relaciones ya se habían enfriado de forma significativa durante la segunda parte de la legislatura, pese a un inicio muy prometedor, eso sí, marcado por la pandemia. 

Precisamente, desde ambos sectores, especialmente el financiero, se hace hincapié en que las entidades atendieron todas las peticiones del Gobierno en lo peor del Covid-19, especialmente en lo que se refiere a los créditos con el aval del ICO, y implantaron medidas complementarias por su cuenta para la protección de los depositantes, como las moratorias.

Primer intento

Esta semana, el Ministerio de Transición Ecológica ha llevado a cabo una subasta de capacidad renovable que, a diferencia de lo sucedido con convocatorias anteriores de este tipo, ha resultado un fiasco debido a la escasa participación por parte de las compañías energéticas.

Una estrategia que se relaciona con las escasamente atractivas condiciones del proceso pero también con el larvado enfrentamiento con el Ejecutivo, iniciado hace ya algunos trimestres cuando, aun en plena pandemia, Moncloa pretendió eliminar las retribuciones por la producción en determinadas plantas, los llamados “beneficios caídos del cielo”.

¿Beneficios extraordinarios?

La acción de los lobis en Bruselas abortó la maniobra pero el Gobierno volvió a la carga con el impuesto a unos resultados que considera extraordinarios por los elevados precios que registra el mercado mayorista eléctrico desde hace algo más de un año.

Un criterio que no comparten las compañías, que defienden que esta situación no sólo no les beneficia sino que incluso les penaliza dado que, en algunos casos, no están trasladando precios a los clientes con los  que firmaron contratos cerrados pero sí acuden al mercado a adquirir la electricidad que no pueden producir para dar servicio a los usuarios, con lo que son también víctimas de esta situación.

Ofensiva de Galán

De forma pública, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ya ha manifestado en diversas ocasiones que recurrirá el impuesto ante la Justicia; una estrategia en la que también trabajan otros de los actores principales del sector de forma más discreta. 

Tampoco conviene pasar por alto el mensaje lanzado por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en su primer discurso tras ser reelegido al frente de la gran patronal para los próximos cuatro años.

El mensaje de Garamendi

Garamendi señaló que algunas de las actuaciones del Gobierno están atacando directamente el “ADN de la empresa”, en alusión a conceptos como “seguridad jurídica” y “estabilidad regulatoria” que, a su juicio, se están poniendo en peligro. 

“Vemos con preocupación como se legisla a la carta y se cambian las normas de juego”, algo que tiene como consecuencia “ahuyentar a los inversores”.