La CEOE celebra este miércoles unas elecciones por las que en el momento de su convocatoria nadie apostaba grandes cantidades. Lo que parecía que iba a ser una victoria por aclamación del actual presidente, Antonio Garamendi, ha derivado en unos comicios que no van a impedir a buen seguro prolongar su mandato otros cuatro años, pero sí ponerle frente al espejo de una organización en que la temperatura interna ha subido demasiado durante esta primera legislatura.
En esta coyuntura se enmarca la candidatura presentada poco antes de que finalizara el plazo por Virginia Guinda, vicepresidenta de Foment del Treball. La contrincante de Garamendi viene precisamente a representar la cara visible de una oposición que, en el fondo, va más allá de la potente patronal catalana. Aunque no vaya a reflejarse precisamente en un procedimiento al cual se llega, por lo demás, sin reglas del juego claros y sin un careo público entre ambos contendientes.
A vueltas con la reforma laboral
El órdago de la organización que lidera Josep Sánchez Llibre, que se articuló tras la retirada en el último momento de la candidatura alternativa del presidente de Faconauto, Gerardo Pérez, tiene dos objetivos. Por un lado, dar un revulsivo interno a la CEOE, que Guinda ha calificado en las últimas semanas como una organización poco "transversal" y demasiado "jerarquizada".
Por otro, mandar un recado a Garamendi ante un 2023 de alto voltaje para el diálogo social. El descontento de Foment del Treball con la ejecutoria de la cúpula de la confederación arranca al menos desde la agónica negociación que desembocó en la última reforma laboral.
Toque de atención
En aquel momento, la organización catalana no escatimó en críticas, que ahora han sido recuperadas por Guinda, sobre determinados aspectos de la nueva normativa como la tipificación de los contratos temporales y la falta de medidas en pro de la flexibilidad empresarial.
Aunque al final Foment llamó a aprobar la reforma sin modificar "ni una coma", tampoco ocultó su malestar. Ahora, la patronal quiere dar un toque a Garamendi para que en los debates que se abran a corto plazo el empresariado sea más proactivo en proponer sus soluciones y en trasladar sus argumentos a la opinión pública. La agenda del diálogo social urge este cambio de orientación.
Reformas a la vista
El Gobierno y los sindicatos ya han manifestado su voluntad de modificar las causas de los ceses --lo que la ministra Yolanda Díaz ha bautizado como "despido reparativo"-- y elevar la indemnización por los despidos improcedentes de 33 a 45 días por año trabajado. Ambas cuestiones se excluyeron del reciente pacto laboral en aras de alcanzar un acuerdo entre todos los actores.
El ruido interno ha sido en general notable en los momentos más tensos de la época de la pandemia, cuando un buen número de voces se alzaron contra Garamendi y un espíritu conciliador que consideraban excesivo ante la sucesión de normativas aprobadas por el Ejecutivo que iban contra los intereses de los empresarios pero, sobre todo, de las pymes y los autónomos.
Oposición interna
Entre los que se pronunciaron con mayor ahínco en este sentido figuran el presidente de la patronal madrileña CEIM, Miguel Garrido; y el líder de Cepyme, Gerardo Cuerva. En sus comparecencias públicas han sido de los más críticos con el Ejecutivo y, de forma implícita, han señalado la necesidad de que la postura de los empresarios sea más firme en el diálogo social.
En ningún momento han tratado de armar una candidatura rival ni apoyar otra proveniente de otros ámbitos, lo que sí hubiera complicado más las cosas al actual presidente de CEOE --las federaciones madrileñas y Foment son las organizaciones con más peso en la confederación--. Pero su posición dentro de la patronal de patronales no ha sido precisamente condescendiente. Algo que algunos observadores consideran que se ha dejado sentir en los últimos meses, en los que se ha visto un Garamendi más duro en sus postulados y con un talante menos condescendiente.
Punto de inflexión
No falta quienes señalan como punto de inflexión el pronunciamiento del presidente de CEOE sobre los indultos a los presos del procés a mediados de 2021, asegurar que si contribuía a apaciguar el ambiente político no lo vería con malos ojos; las fuertes críticas tanto internas como externas le llevaron incluso a venirse abajo en una asamblea, en la que no pudo reprimir las lágrimas.
Sin embargo, no hay espacio para la tensión dado el número de asuntos pendientes. Sin ir más lejos, uno de los que está sobre el tapete es un nuevo aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) y la cuestión candente de un pacto transversal para subir las retribuciones. Esta última cuestión sacó a la calle a los sindicatos en octubre y, si se confirman las previsiones de recesión mientras la inflación no remite, volverá a centrar el debate público en el próximo curso.
Un 2023 complicado
En la agenda del Gobierno también figuran otras iniciativas de calado como la Estrategia Nacional de Impulso del Trabajo Autónomo (ENDITA), un paquete de medidas para actualizar el régimen de los trabajadores por cuenta propia tras la aprobación del nuevo régimen de cotizaciones, o la segunda pata de la reforma de las pensiones con la ampliación del cómputo de años para cobrar el retiro. El Gobierno prevé liquidar esta última carpeta antes del 31 de diciembre de este año.
En el horizonte, un 2023 que no será sencillo si se cumplen las previsiones que apuntan a un débil crecimiento, en torno al 1%, en un escenario en el que la inflación moderará su evolución pero seguiría golpeando con fuerza el bolsillo de los contribuyentes. Bien es cierto que la marcha económica será a mayor ritmo que la de los países del entorno pero, en cualquier caso, insuficiente para crear empleo.
Ruido electoral
El panorama también se verá condicionado por los procesos electorales, con comicios autonómicos y municipales a finales de mayo y generales en la recta final del ejercicio, en mitad de la presidencia española de la Unión Europea, que llega por turno en el segundo semestre.
Contiendas que se presumen discutidas y tensas y que harán más difícil aun alcanzar acuerdos sobre reformas que llevan demasiado tiempo en el cajón. Todo esto se dirimirá mañana en un lapso temporal de solo cuatro horas, el tiempo en que los 789 delegados con derecho a voto deberán optar por Garamendi o Guinda.