El juicio del caso sobornos que salpica a una filial de la cabecera de Mediapro en Estados Unidos arrancará a principios de 2023. La fiscalía de ese país ha confirmado que el primer acto procesal por el escándalo de presuntas mordidas a cambio de derechos televisivos se celebrará en el inicio del año.
Lo ha explicado a Crónica Global un portavoz de la oficina del Ministerio Público situado en el distrito Este de Nueva York. Ha corroborado que la acusación, que pilota el letrado Breon Peace, trabaja para que se celebre el primer juicio de la macrocausa que investiga si se cometieron varios delitos de soborno a directivos del fútbol sudamericano y centroamericano a cambio de la asignación de derechos de retransmisión de partidos.
Dos directivos de Fox, los primeros
Otras fuentes conocedoras del proceso han indicado que el conocimiento de la causa comenzará por los exdirectivos de 21st Century Fox Carlos Martínez y Hernán López y contra la empresa argentina de márketing deportivo Full Play. La juez Pamela K. Chen escuchará a todas las partes sobre la acusación de que los dos directivos y la mercantil conspiraron para conseguir ilegalmente derechos para los Mundiales de Francia 2018 y de Qatar 2022, además de la Copa Libertadores.
Copa Libertadores femenina, el torneo de mujeres más prestigioso de Latinoamérica / Banco Santander
Se acusa a Martínez y López de unirse a Full Play y pagar "millones de dólares" a altos cargos de la Conmebol para conseguir los derechos de retransmisión [leer escrito de la fiscalía aquí] tanto en Sudamérica como en Estados Unidos.
Gerard Romy, cofundador de Mediapro, coacusado
El inicio del juicio oral tiene enjundia porque es el primero contra dos de los miembros de la supuesta "trama", en palabras de la acusación, que obtuvo derechos televisivos a cambio de pagos ilícitos durante "décadas". A este respecto, cabe recordar que Gerard Romy, cofundador de Mediapro con Jaume Roures y Tatxo Benet, es coacusado en la causa. Lo que es más, la fiscalía sitúa a Romy en la misma estructura supuestamente criminal que Martínez y López, que subirán al estrado en enero.
Como avanzó este medio, no obstante, pende sobre el exdirectivo de Mediapro --ya dejó el conglomerado-- la condición de fugado en Estados Unidos, pues no está colaborando con el macroprocedimiento judicial pese a que es parte inherente, cree la oficina del fiscal Peace.
La conformidad de Mediapro, inútil
El nuevo procedimiento deja en papel mojado la conformidad inicial que pactó en 2018 US Imagina, filial estadounidense de la cabecera de Mediapro. En aquella admisión de culpa, la firma asumió pagos de 6,5 millones de euros al cambio actual a directivos de las federaciones de fútbol del Caribe y Centroamericanas a cambio de la posibilidad de retransmitir partidos. El acuerdo de culpabilidad incluyó compensaciones por valor de 24 millones de euros y la puesta en marcha de programas de cumplimiento interno en las empresas.
Imagen de la sede de Mediapro en la avenida Diagonal de Barcelona / CG
En aquel momento, Mediapro defendió que el caso era un asunto del pasado, y que los directivos implicados ya no trabajaban en la firma. Pero la segunda acusación de la fiscalía dejó en nada esa conformidad, pues planteó que toda la estructura era criminal y los delitos, más graves. Por ello, aplicó la ley RICO a los encausados, la norma que se emplea a organizaciones corruptas.
Un primer testigo, condenado
De forma global, el caso sobornos en Estados Unidos suma 27 sentencias de conformidad, dos condenas judiciales individuales y otras dos corporativas. La última sentencia condenatoria fue la de Reynaldo Vázquez, expresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, que encajó una pena de 16 meses de cárcel por embolsarse 357.000 euros al cambio actual por conceder de forma ilegal derechos de TV a las empresas implicadas.
El cometido de Vázquez es fundamental porque la fiscalía le acusó de conchabarse con el propio Gerard Romy y otros coacusados para alterar el reparto lícito de derechos televisivos entre 2008 y 2015. El ex alto cargo se benefició de pagos ilegales, uno de ellos realizado por la vía de Panamá, un paraíso fiscal según la Unión Europea. Cabe recordar que ello contrasta con la condición de Mediapro de contratista para el Ayuntamiento de Barcelona, pues la Administración local se comprometió en 2016 a "no tener relación jurídica" alguna con compañías que utilizaran territorios de baja tributación.