La Cámara de Comercio de Barcelona no da por perdida la batalla judicial por las elecciones internas de 2019. La entidad presidida por Mònica Roca votará en el próximo pleno del miércoles, 26 de octubre, la interposición de un nuevo recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).
Dado el reparto de asientos en el órgano de gobierno se da por descontado que la iniciativa saldrá adelante. Ello pese a las numerosas sentencias contrarias a las pretensiones de la cúpula independentista de la Cambra, que hace tres años se hizo con el control de la corporación de derecho público a través de la candidatura Eines de País, respaldada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC).
Enésimo recurso
Ya en 2020 la segunda instancia autonómica anuló el decreto que reguló las elecciones camerales por un defecto de forma en su tramitación. En concreto, por haberse saltado el trámite de participación ciudadana al elegir la vía de urgencia para elaborar la norma. Desde entonces, tanto el TSJC como el TS han rechazado todas las acciones incoadas por la Cambra y la propia Consejería de Empresa, que en su momento también intentó defender la pulcritud del proceso.
Ahora, fuentes consultadas por Crónica Global apuntan que la Cámara de Comercio de Barcelona pretende elevar al Supremo otro frente abierto vinculado con los derechos fundamentales de los votantes. Como avanzó Crónica Global, este contencioso entra de lleno en las garantías del procedimiento empleado en 2019, que se basó en un doble sistema de votación electrónica y votación presencial. En el caso del primer instrumento, ha quedado acreditado en sede judicial que se registraron fallos técnicos que vulneraron el derecho a la igualdad de los electores.
Mònica Roca, presidenta de la Cámara de Comercio de Barcelona / CG
Filibusterismo judicial
Desde el entorno de Staff Pavillon, la compañía que ha encabezado la pugna legal tras los polémicos comicios, se ha lamentado el filibusterismo de la Cámara al no reconocer la "jurisprudencia que viene marcando desde hace años las irregularidades de las elecciones".
Los mismos interlocutores han advertido de que tras el último pronunciamiento judicial del TSJC, que ratificó en junio y de forma definitiva la irregularidad del decreto de convocatoria electoral de 2018, todas las decisiones adoptadas por el pleno --entre ellas la adhesión al Consejo por la República, la reducción de las llamadas sillas de plata y la retirada de la corona del escudo-- e incluso la continuidad de la cúpula directiva están en el aire. Por no hablar, añaden, de las "dudas" sobre la legitimidad del uso de recursos en parte públicos para la defensa letrada de la actual cúpula directiva.
Arranca la precampaña
Por su parte, la Consejería de Empresa y Trabajo no ha aclarado a preguntas de este medio si el nuevo recurso de la entidad incidirá de algún modo en este contencioso. El Departamento se ha puesto de perfil en los últimos meses, aunque trabaja en un nuevo decreto de convocatoria para subsanar los errores del anterior anulado por la justicia.
Pese a que Empresa podría nombrar a una gestora al frente de la institución, ni está previsto que lo haga ni el calendario manejado por la Cambra lo facilita. De hecho, la corporación ya ha publicado el censo electoral de la próxima cita con las urnas prevista durante el primer semestre de 2023. Es más: el pasado martes, Roca alardeó de los hitos de Eines de País en un acto con aires de precampaña. Mientras tanto, la batalla judicial sigue.