Naturgy superó el ‘lío político’ para firmar el contrato de gas con Argelia

En mitad del proceso, el Gobierno anunció un sorprendente giro en la postura histórica que había mantenido hasta ahora el Estado en lo referente al futuro del Sáhara Occidental, su antigua colonia. De esta forma, Moncloa pasaba a apoyar la soberanía marroquí sobre el territorio, frente a reconocer el derecho a decidir del pueblo saharaui, en línea con las sucesivas declaraciones al respecto de Naciones Unidas.

Ruptura comercial

Un movimiento que cayó como una bomba en Argelia, vecino pero también enemigo declarado de Marruecos y principal apoyo de los líderes saharauis, precisamente al hilo de su permanente batalla diplomática con el reino alauíta.

La inmediata supresión del tratado de buena vecindad con España por parte de Argelia vino acompañada de un bloqueo en las relaciones comerciales que aún se mantiene en la actualidad, y que ha afectado a más de un centenar de empresas que contaban con actividad en el país.

Desde el primer momento, Argel dejó constancia de que el contrato gasista quedaba al margen de la medida. No deja de ser un elemento angular, capital y estratégico para la economía del país. Pero también lo es para España, que tenía en Argelia a su principal suministrador de la materia prima a través del gasoducto Medgaz, en el que Naturgy cuenta con una participación del 49%.  

En definitiva, nada que fuera a contribuir a facilitar una maniobra que, aun sin distorsiones añadidas, ya presentaba sus complicaciones.

Precios disparatados

La última vez que Naturgy y Sonatrach, la gasista pública argelina, se sentaron para revisar las condiciones del contrato de aprovisionamiento de gas que vincula a ambas hasta el año 2031, el precio medio de la materia prima en los mercados marcaba una media de 20 euros por megawatio/hora (MW/h). En los últimos meses, la media se ha aproximado a los 180 euros. Y los máximos ha superado la barrera de los 350 euros.

Aunque se trata de un acuerdo a muy largo plazo, cada trienio las partes se convocan para adaptar los aspectos económicos a las circunstancias del mercado. Un proceso que suele transcurrir sin apenas publicidad. Y que también hubiera sido el caso en esta ocasión de no ser por el “ruido político”. 

Inviable

“Las circunstancias de los mercados hacían que las negociaciones fueran muy difíciles; una crisis diplomática en mitad de ellas las convierte, directamente, en inviables”, apunta un consultor especializado en el sector energético. Ni más ni menos, fue lo que sucedió. 

“Sonatrach y su socio Naturgy han acordado revisar los precios de los contratos de suministro de gas a largo plazo vigentes conforme a la evolución del mercado, lo que asegura su equilibrio sobre una relación mutuamente beneficiosa”, señaló la compañía magrebí en una nota pública. 

Una empresa estatal

Precisamente en esa última parte radica la extrema dificultad de un acuerdo de este tipo: fijar las condiciones para que ninguna de las partes salga perjudicada de una circunstancia sobrevenida y por completo inesperada.

Fuentes conocedoras de la situación señalan que en todo momento se ha tratado de un proceso en el estricto ámbito empresarial, sin injerencias políticas. Sin embargo, admiten que un entorno político caldeado nunca representa un factor positivo. Y menos en este caso, en el que una de las compañías está controlada por un Estado y, por lo tanto, está gestionada por el gobierno de turno.

Retraso

Han sido diez largos meses de negociaciones que, además, no han culminado del todo en este punto. Falta por determinar los detalles que regirán a partir del inicio de 2023 pero era necesario antes actualizar las del presente ejercicio, en el que se ha operado en condiciones que no se correspondían con las de mercado, por lo que los acuerdos se han aplicado con carácter retroactivo.

“Es difícil determinar hasta qué punto el factor político ha retrasado el acuerdo. Pero es innegable que no ha influido de forma positiva, ni en los plazos ni, probablemente, en las condiciones finales”, apunta la fuente.