Las nuevas exigencias de sostenibilidad de la UE ponen en alerta a las pymes

División en Bruselas. La Comisión Europea prepara una de las directivas más importantes de esta legislatura con el objetivo de que la economía del Viejo Continente sea más "verde y justa", pero su impacto en las pequeñas y medianas empresas ha generado división entre los grupos políticos, representantes corporativos y entidades sociales.

La regulación sobre diligencia debida propuesta por la Comisión obligará a las empresas a rendir cuentas y garantizar que se respeten los derechos humanos y el medioambiente en sus cadenas de suministro mundiales para evitar desastres como los protagonizados por la industria téxtil europea en Bangladés. De forma directa, solo afectará a las grandes empresas, pero las pymes europeas también forman parte de la red de proveedores de las multinacionales sujetas a examen.

Adrián Vazquez, eurodiputado de Ciudadanos y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos / CG

Desventaja competitiva

Tal y como está planteada la nueva norma, que ahora debe superar un intenso debate en el Parlamento Europeo, las grandes firmas asumen el coste de comprobar si las pymes con las que trabajan cumplen los requisitos sostenibles. Las formaciones de izquierda y las ONGs han apostado porque sean las multinacionales las que actúen como una suerte de policía para garantizar el cumplimiento en toda la cadena de suministro.

Sin embargo, genera preocupación que las cláusulas sobre esta cuestión firmadas entre empresas se conviertan en una mera casilla a rellenar. Adrián Vázquez, europarlamentario de Ciudadanos, cree que la intención de excluir a las pymes de estos costes es protegerlas, pero que en la práctica puede generarles "una desventaja competitiva tremenda", ya que "solo se contratarán a las grandes".

Adrián Vázquez, eurodiputado de Ciudadanos / EFE

Ayudas a las pymes

Por ello, el también presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara defiende modificar la futura norma. De aprobarse la propuesta de su grupo, Renew Europe, se añadiría una "ayuda financiera" para pymes o la opción de "repartir costes" entre la gran empresa y el pequeño proveedor, según ha detallado el representante en un encuentro con periodistas en Barcelona.

Organizaciones como Business Europe, la patronal europea de pequeñas corporaciones, están siguiendo muy de cerca los avances de esta propuesta de directiva. Vázquez, portavoz de los liberales europeos (Renew Europe) en la ponencia de la Cámara sobre esta regulación, también reclama excluir de sanciones a algunas empresas europeas de tamaño medio-grande para que no compitan en desigualdad de condiciones y que las firmas del resto de continentes --que también estarán sujetas a la norma si facturan en Europa-- solo deban cumplir la diligencia debida en sus filiales europeas, no en el conjunto de la multinacional a escala global, para no desincentivar la llegada de compañías extranjeras al continente.

Quedan meses de negociación

Si se cumple el calendario previsto, la iniciativa de la Comisión Europea, anunciada en 2019, llegará al pleno en mayo o junio de 2023. De ser aprobada se podría firmar en noviembre y ver la luz coincidiendo con la presidencia española del Consejo Europeo, aunque los países tendrán dos años para integrar la directiva en su marco legal nacional.

Los liberales defienden extender el periodo hasta los cinco o seis años por la complejidad de la regulación y para dar tiempo de adaptación y seguridad jurídica a las empresas. Y, aunque destacan la importancia de la seguridad jurídica, destacan el liderazgo de la UE en estandarizar este tipo de políticas --derechos humanos, política de datos o sostenibilidad-- en un proceso legislativo que observan con mucha atención países como Canadá, Estados Unidos --por sus tecnológicas-- y China, y multinacionales de los sectores "de riesgo" que la nueva directiva limitará más: agricultura, téxtil, minería o forestal.