Los ricos catalanes destinarán el 55% de su renta a pagar impuestos

Aún no se conocen los detalles precisos de la subida fiscal que Moncloa va a aplicar a aquellos ciudadanos con mayores ingresos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, apuntó que el propósito inicial es que la medida sea de carácter temporal e incluso no descartó que quedara fuera de la ley de Presupuestos Generales del Estado que ya negocia con el resto de fuerzas parlamentarias, lo que abriría la puerta a la creación de una nueva figura impositiva. 

Sin embargo, existe una elevada posibilidad de que finalmente se articule a través del IRPF y que, además, afecte a aquellos contribuyentes cuyos ingresos sobrepasen los 150.000 euros anuales. 

En la actualidad, el tipo al que tributan estos ciudadanos en Cataluña se sitúa en el entorno del 52%, dado que la Generalitat aplica uno de los tramos autonómicos más elevados de toda España; en concreto, en la actualidad se sitúa en el 25,5%, tan sólo por debajo de La Rioja, Islas Canarias y Comunidad Valenciana. 

A partir de enero

La revisión al alza por parte del Gobierno del tramo nacional pondría a los altos contribuyentes catalanes en una situación de elevada presión fiscal, toda vez que a este gravamen extra hay que añadir los tributos autonómicos, que también figuran entre los más elevados del Estado, tanto en número de impuestos, con cerca de 20, como en cuantía. 

Lo que sí ha dejado claro la ministra Montero es que los planes del Gobierno pasan por tener lista la medida para gravar las rentas altas con el fin de que ya sea de aplicación a partir del inicio del próximo año.

Tras bancos y eléctricas

La decisión llega a continuación de la aprobación de novedosos impuestos a los sectores financiero y energético, a cuenta de los beneficios extraordinarios que el Ejecutivo considera que están registrando las compañías de estos ámbitos como consecuencia de factores como las fuertes alzas de los precios de la electricidad y el gas, así como de las subidas de los tipos de interés que ha comenzado a aplicar el Banco Central Europeo (BCE).

En la actualidad, estas medidas se encuentran en el correspondiente trámite parlamentario; mientras, el Gobierno también espera el pronunciamiento de la Comisión Europea, que prepara nuevas figuras fiscales para el sector energético, con el fin de buscar una amornización.

Un viejo anhelo

El incremento de impuestos a las grandes rentas ha sido una posibilidad que el Gobierno ha tenido encima de la mesa desde que se constituyó formalmente, en los primeros días de 2020, fruto de la coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Esta última formación ha sido partidaria desde un primer momento de elevar los impuestos a las rentas altas e incluso de subir el tipo del impuesto de Patrimonio y hacerlo de forma que las comunidades autónomas no pudieran bonificarlo. 

De hecho, el anuncio preliminar de la titular de Hacienda tiene lugar apenas unos días después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, confirmara que su Gobierno comenzará a bonificar ese tributo, en línea con lo que sucede en la Comunidad de Madrid desde hace más de 15 años. 

El desmarque del PP

El mandatario andaluz, que ya llevaba esta medida en el programa electoral con el que se presentó a las elecciones del pasado mes de junio (en las que cosechó la primera mayoría absoluta del PP en esta comunidad autónoma), también aplicará otras rebajas al deflactar el IPC del tramo autonómico del IRPF para minorar el efecto de la inflación en el pago de impuestos.

Otra de las regiones gobernadas por el PP, Murcia, también se ha sumado al carro de las que bonifican Patrimonio, lo que ha puesto en pie de guerra al Gobierno, ya que considera que estas medidas tienen un efecto negativo a la hora de financiar los servicios públicos. 

Discrepancias en Moncloa

No obstante, la fiscalidad también ha generado en los últimos días debate y controversia en el seno del propio Gobierno. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se mostró partidario de restar independencia tributaria a las comunidades autónomas con un proceso de centralización para evitar estrategias como las de Madrid y Andalucía. 

Algo de lo que se desmarcó el Consejo de Ministros, a través de su portavoz, Isabel Rodríguez, que aseguró que las palabras de Escrivá sólo reflejaban una opinión personal.