La Generalitat ha lanzado su propia campaña contra la exclusión financiera seis meses después del gran acuerdo entre bancos y Gobierno para mejorar la atención a las personas mayores. La Agencia Catalana de Consumo, dependiente de la Consejería de Empresa y Trabajo, ha presentado un plan de choque que calca la mayoría de medidas planteadas el pasado febrero por las patronales bancarias CECA, AEB y Unacc.
Así, el Govern propone aprovechar los "establecimientos comerciales no financieros" para garantizar la extracción de efectivo. Un instrumento denominado cash in shop que ya contemplaba el decálogo de actuaciones presentado por las entidades financieras.
Medidas calcadas
La Agencia Catalana de Consumo también repite propuestas al sugerir la "instalación de cajeros móviles, especialmente en las zonas rurales" y la adecuación de los cajeros a las necesidades de los colectivos vulnerables, con mayor atención personalizada y presencial.
El punto más novedoso de la campaña del Govern pasa por la "supresión de comisiones bancarias de las operaciones realizadas en el mostrador". Una medida que, con todo, no beneficia exclusivamente a la población más envejecida. Por último, Consumo también reclama la priorización de mecanismos de mediación y arbitraje para resolver los litigios entre entidades y clientes.
La Diputació destinará 1 millón de euros anuales a la instalación de cajeros automáticos / DIPUTACIÓ DE BARCELONA
La banca se mueve
El debate sobre la exclusión financiera saltó a la palestra a principios de año tras la retahíla de cierre de sucursales bancarias. La iniciativa Soy mayor, no idiota, encabezada por el médico jubilado Carlos San Juan y que logró recabar más de 640.000 firmas, obligó a los grupos financieros a revisar sus protocolos de atención hacia la tercera edad.
De resultas, el pasado 21 de febrero se firmó un acuerdo a tres bandas entre el Ministerio de Asuntos Económicos, el Banco de España y las tres patronales bancarias (AEB, CECA y Unacc) para cerrar la brecha digital de los mayores. Este plan de actuación debe revisarse a los seis meses. Además, el sector creó un observatorio para actualizar el mapa de acceso a los servicios financieros en la España vacía.