La patronal de VTC amenaza con denunciar al Govern por prevaricación al limitarles la actividad

Lo explican fuentes empresariales, que detallan que la nueva normativa ya está en manos del equipo jurídico de Unauto, patronal del sector, que estudia no solo la vía contenciosa para anular el texto, sino también la jurisdicción penal. "Es evidente que si los dos partidos del Govern y su aliado en este asunto --el PSC-- no recapacitan, se exponen a responsabilidades penales al impulsar una norma ad hoc y a sabiendas de que es de parte", explica un portavoz de la organización empresarial. 

Los 4,90 metros, insalvables

El movimiento se enmarca en la fuerte oposición al decreto de los operadores de VTC y las tecnológicas vinculadas, como las tres plataformas citadas. Arguyen que el texto, que pactaron ERC, Junts y PSC, significará que su operativa en Barcelona y entorno se reduce al mínimo. Ello es así porque el decreto [ver aquí] incluye un artículo, el 4.d, que fija en un mínimo de 4,90 metros la longitud mínima de los vehículos para los que se pida una autorización. 

Un vehículo de la VTC Cabify en el aeropuerto de Barcelona / CABIFY

Fuentes del mercado recuerdan que este precepto es "insalvable", pues apenas una minoría de automóviles, entre los que se incluyen los Tesla de más alta gama y las furgonetas tipo Mercedes Vito y Viano --presentes en el transporte de congresistas en el Mobile World Congress--, pasará el corte. "Las flotas propias de Uber y Cabify y la externa de Bolt incumplen flagrantemente", detallan las mismas voces. 

Tramitación

Sea como fuere, la tramitación del decreto seguirá su curso. Salvo sorpresas, los dos partidos del Govern y el PSC validarán la norma en el pleno que se celebrará este mismo mes de julio, antes del parón veraniego. El sector recuerda que la cámara avalará el decreto-ley por lectura única, un procedimiento exprés que facilita mucho el curso parlamentario de las iniciativas legislativas. 

Tras ello, llegará el periodo para que los operadores presenten sus peticiones. Será entre el 1 y el 30 de septiembre, cuando las empresas que tengan VTC entren a la Dirección General de Transportes la petición para validar sus habilitaciones. Los escritos recalarán sobre el despacho de Mercè Rius, directora general, que deberá contestar. Si no lo hace en tres meses, se dará por denegada la solicitud por silencio administrativo. En otras palabras: si el Govern no da luz verde a las licencias de Cabify, Uber y Bolt, entre otras, o éstas las podrían perder, al menos la inmensa mayoría, el 31 de diciembre de 2022. 

Clima adverso para Uber...

Todo ello ocurrirá con un trasfondo, que es el clima adverso para el mayor de los operadores, la estadounidense Uber. La empresa se enfrenta al llamado Uber Files, una macroinvestigación periodística sobre las prácticas empresariales entre 2013 y 2017 que revela un virulento trabajo de lobi, admisión de que UberPop era "ilegal" y el aval interno a la violencia de los taxistas para lograr entrar en algunos mercados. 

La tecnológica ha contestado que desde aquella época ha impulsado una profunda "transformación" y que son prácticas que se ciñen al equipo del consejero delegado anterior, Travis Kalanick. Estas conductas empresariales, subraya Uber, no se corresponden con los nuevos valores de la empresa. 

...y el taxi se vigoriza

Aunque sea un asunto del pasado, el grupo está capeando una crisis reputacional. Agrava por otros problemas concretos como la polémica por los precios dinámicos durante el festival Mad Cool de Valdebebas (Madrid), donde las tarifas se dispararon ante una demanda intensa. Por el contrario, el sector del taxi, al menos el catalán, ha logrado cierta ventaja en el pulso que mantiene desde 2013 con sus rivales en la movilidad urbana. 

De hecho, el principal sindicato del sector, Élite Taxi, deslizó ayer movilizaciones contra las autoridades de competencia nacional (CNMC) y autonómica (Acco) para lograr la destitución de Cani Fernández, presidenta, y para liquidar un expediente sancionador que interpuso el ente regional por prácticas anticompetitivas por, precisamente, una denuncia de Uber. Con sus rivales pendientes del decreto-ley autonómico, el taxi busca ahora lograr un impulso aún mayor. Aunque la pugna por el transporte privado tiene visos de seguir. Al menos hasta final de año.