El gigante noruego de las renovables puentea al Govern cansado de su parálisis

En Cataluña, la compañía propiedad en su totalidad del Estado noruego prevé la instalación de cinco parques de aerogeneradores en la comarca de El Segrià con una potencia agregada de 250 megavatios (MW). Se trata de más del 50% de la cartera eólica que la empresa pública quiere desarrollar en España hasta 2025, cuando espera contar con 446 MW instalados.

Parálisis burocrática

El movimiento de Statkraft llega dos años después de que iniciara el papeleo del denominado Clúster Eòlic Segrià --formado por los cinco parques de Pyxis, Antlia, Volans, Vela y Quilla, cada uno con 50 MW de potencia y 60 turbinas en total-- ante la ponencia de energías renovables de la Generalitat. Este órgano interdepartamental se encarga de aprobar las infraestructuras de hasta 50 megavatios (MW) en la comunidad; a partir de este umbral, los proyectos deben elevarse al ministerio.

En este lapso de tiempo, el clúster de la comarca leridana todavía no ha salido a información pública aunque los municipios afectados (Serós, Maials y Almatret) no han presentado obstáculos insalvables.

Oposición ambientalista

Por otro lado, la iniciativa ha contado con alegaciones contrarias por parte del GEPEC, un colectivo ambientalista muy beligerante contra la instalación de estaciones solares y eólicas.

Los retrasos burocráticos y la hostilidad ambientalista, como recuerda un interlocutor de la patronal Eoliccat, han provocado que tanto en el decenio 2010-2020 como en la fase posterior a la aprobación de la reciente normativa autonómica sobre renovables, la ponencia se haya caracterizado por una extrema lentitud en la tramitación de los expedientes. Especialmente para las infraeestructuras eólicas.

Aerogeneradores de un parque eólico en una imagen de archivo / EP

Más 'fugas'

De hecho, la actuación del gigante escandinavo se suma a los pasos dados en el último año por Abo Wind, Siemens Gamesa Renewable Energy y Green Tie Capital, que también han llamado a la puerta de Teresa Ribera para dar salida a sus planes presentados en primera instancia ante la Generalitat.

Otras privadas como Green Capital Energy han dado el primer paso en el ministerio para ahorrarse dilaciones innecesarias. Ello pese a que las competencias están transferidas a las autonomías y que otras regiones como Aragón están en camino de convertirse en líderes en el sector, como informó Crónica Global.

Statkraft se explica

En el caso de Statkraft, la empresa asegura a este medio que "la decisión de haber cambiado la tramitación de los proyectos de autonómica a estatal está basada en un criterio jurídico al tratarse ahora de un proyecto que afecta a dos comunidades autónomas".

La energética precisa que se ha escogido una subestación ubicada en Aragón --concretamente una instalación planeada en la localidad de Mequinenza-- en vez de una emplazada en Ascó. Ante este cambio de conexión, la legislación obliga a derivar la cuestión ante la Administración General del Estado, puesto que afecta a dos autonomías distintas.

Importante inversión

Por otro lado, Statkraft desvincula su decisión por completo del rechazo ambientalista. "En cualquier caso, la opinión y observaciones de todos los actores implicados en el proyecto siempre son tenidas en consideración por Statkraft para la mejora de los proyectos y su adaptación a las condiciones locales del territorio donde se implantan, si bien el posicionamiento del GEPEC no ha sido lo que ha provocado las modificaciones de tramitación en estos proyectos", indican desde el grupo.

Acerca de su futuro en la comunidad catalana, la compañía responde que ve en Cataluña "un mercado muy interesante para la implantación de renovables". De hecho, la documentación presentada ante la ponencia catalana de renovables estimaba una inversión de 219 millones de euros más un alquiler anual de 850.000 euros para los terrenos ocupados por los aerogeneradores. A estos caudales habría que sumar la lluvia de millones en materia de impuestos para los municipios: 34 millones de euros si se suman los impuestos por construcciones, instalaciones y obras (ICIO), actividades económicas (IAE) y bienes inmuebles de características especiales (IBI). Ahora, la decisión está en manos del ministerio.