El Gobierno subleva a los administradores concursales al recortar su retribución

Las fuentes jurídicas consultadas mantienen que el principal motivo de los retrasos en los procedimientos que tutelan no es otro que la lentitud de la justicia. Aseguran que el atasco burocrático en el que se encuentran inmersos los juzgados --especialmente los que reciben un gran volumen de documentación y tienen escasez de personal como los mercantiles o los contencioso-administrativos-- alargan durante meses algunos trámites que tildan de "sencillos", por lo que exigen cambios efectivos que no responsabilicen solo a los administradores.

Recurso ante Estrasburgo

Señalan, asimismo, que la pandemia no ha hecho más que agravar la situación a causa de la acumulación de cierres de empresas por la crisis económica. Ello, unido al cierre inicial de los juzgados por causa sanitaria. Otra de las derivadas de la crisis del Covid ha sido que las quiebras se han alargado. En estos momentos existe una moratoria que impedirá iniciar este proceso de limitar los beneficios de los administradores en caso de demoras hasta junio.

Ante este contexto, la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC) ha acudido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. La organización asegura que da el paso "para evitar trabajar gratis". En el recurso que ha interpuesto cuestiona una sentencia del Supremo que limitaba el periodo de cobro a 18 meses --inferior a la duración de numerosos concursos-- con efectos retroactivos.

Por unos "honorarios justos"

Aunque el recurso es contra dicha resolución, la oganización profesional de los administradores asegura que también se pretende poner el foco en reivindicar unos "honorarios justos". Si la nueva ley entra en vigor tal y como está planteada, cualquier administrador que tarde más de seis meses en gestionar una insolvencia verá mermada su retribución a la mitad, con límites adicionales pasado el primer año. Cabe tener en cuenta que, de forma habitual y salvo los casos en los que se tiene claro que se va a liquidación directa, los procesos se suelen dilatar más. Especialmente las causas en las que se busca un acuerdo entre las partes y se pactan tanto las quitas como el calendario de carencias para que la compañía quebrada recupere la solvencia, si hay posibilidad. 

Por todo ello, también se ha alertado que esta presión para cerrar causas lo más rápido posible para no comprometer los beneficios personales de los administradores puede tener una derivada fatal para las empresas que son solventes más allá de las causas circunstanciales que propician que sus libros de contabilidad estén en un juzgado mercantil. Como, por ejemplo, los cerrojazos a ciertas actividades por el coronavirus. 

"En España el 90% de las empresas son micropymes, es falso el mito de que los honorarios de los administradores son millonarios", asegura Diego Comendador, presidente de ASPAC. ¿Cuánto ganan estos profesionales? "Es un arancel que varía según el activo y el pasivo, pero estamos hablando de cantidades muy lejos de los millones que dicen que ganamos", señala.

Descongestionar la justicia

Jorge Fernández, abogado mercantil, coincide con las quejas de los administradores. "Les hacen trabajar prácticamente gratis, es una penalización injusta", señala. El socio del despacho Círculo Legal Barcelona indica que cuando venza la moratoria y los préstamos ICO concedidos a lo que denomina empresas zombie --pone de ejemplo firmas de restauración que están al límite por las restricciones de actividad-- "va a haber un incremento considerable en los concursos de acreedores" y "el atasco va a ser todavía mayor". Por ello, propone "meter más dinero, más juzgados, más jueces y más funcionarios".

Comendador considera que "no estaría de más" incrementar los recursos de la Administración de Justicia, pero plantea desjudicializar ciertos procesos. Apuesta porque los trámites más rutinarios sean traspasados de forma directa a los administradores concursales sin la tutela del juez mercantil para sortear este atasco que se da en el conjunto de la justicia del país. "Proponemos asumir más carga de trabajo, agilizaría los concursos y ahorarría dinero al Estado", concluye. Según su análisis, las principales beneficiarias finales serían las compañías quebradas. Lo que, según los profesionales del sector, debería ser la verdadera prioridad de cualquier medida que se tome para cambiar las reglas de juego actuales.