Leonard Carcolé, de artífice de la gran privatización del agua en Cataluña a gurú de Eloi Badia

Leonard Carcolé fue el hombre de confianza de Artur Mas en la gran privatización del agua promovida por el primer Gobierno de CiU tras el fin del tripartito, la concesión pública de Aigües Ter Llobregat (ATLL). El ejecutivo es un experto en el sector de la gestión del agua y fue el artífice de un concurso público que acabó anulado en el Tribunal Supremo y con un conflicto por la compensación económica a la empresa que se hizo con el servicio, Acciona, que aún colea cuando dirigía la Agencia Catalana del Agua (ACA). Ahora, se mueve en la órbita del concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica de Barcelona, Eloi Badia (Bcomú), con quien no esconden su proximidad en eventos públicos.

El último donde han coincidido y, según los presentes, exhibieron de nuevo su cercanía, fue el primer Congreso para la Gestión Pública del Agua que se celebró a finales de noviembre en Terrassa promovida por la Asociación de Municipios y Entidades por el Agua Pública (AMAP). La consultora que dirige Carcolé, Capiol Infraestructure and Asset Manegement, obtiene desde hace años contratos de servicios de las poblaciones de esta organización. La entidad que impulsa, precisamente, el también vicepresidente de Ecología del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Badia.

Modelo de gestión

Capitol ha sido la encargada de elaborar los estudios que las localidades que forman parte de esta corporación usan como punto de partida para iniciar un cambio del modelo de gestión del servicio del agua en sus respectivos ayuntamientos, tal y como marca la ley. Entre otros, el Ayuntamiento de Ripollet le ha encargado dos análisis por 35.000 euros, mientras que Sant Cugat del Vallès, Corbera del Llobregat o Berga han solicitado sus servicios en otros procesos similares.

Todos los documentos que la firma de Carcolé ha emitido hasta la fecha coinciden en que la gestión directa, realizada por funcionarios municipales, es la más eficiente para la ciudadanía. Precisamente, el objetivo político que se persigue desde la AMAP.

Credibilidad de los informes

El problema es que la veracidad de los estudios se tambalea, precisamente, por el perfil del emisor. Las fuentes del sector consultadas alertan de que la consultora ha mostrado en foros públicos su animadversión con los operadores privados, hecho que da alas incluso a los que apuntan a que incurriría en un conflicto de intereses. Lo que se cuestiona, en el fondo, es que el estudio se dirige hacia unas conclusiones preestablecidas, lo que minaría su credibilidad como punto de partida de un cambio de calado como es la creación de una empresa pública para asumir la gestión del agua de una localidad.

Cabe tener en cuenta la sensibilidad del servicio, tal y como indican las fuentes municipalistas consultadas. Se debe garantizar desde el primer momento que toda la ciudadanía y las empresas de cualquier pueblo o ciudad dispondrán de agua potable sin problemas. Eso implica garantizar que cualquier avería se resuelve en el menor tiempo posible y que los cortes de suministro son anecdóticos, además de otras derivadas de la llamada gestión en baja.

Ideología contraria a las concesiones

Todo ello requiere de un conocimiento previo y de unas inversiones en equipos en los que es preferible aplicar economías de escala, tal y como concluyen los análisis internacionales realizados hasta la fecha. Esta premisa se estrellaría contra las ideologías que defienden que los modelos de concesión pública se deben erradicar porque consideran que un privado nunca se debe lucrar del erario de una administración. Sin tener en cuenta si las administraciones disponen de los recursos necesarios para brindar determinados servicios en esta premisa política.

Algunas de las familias que integran los comunes --y Podemos-- son partidarios de estas tesis. Badia es uno de los políticos más beligerantes contra las operadoras de agua privadas y, tal y como apuntan sus detractores políticos, habría tejido una alianza con la consultora de Carcolé que resultaría lucrativa para la compañía y para sus asociados. Aunque esto implique una presunta colaboración estrecha con un ejecutivo que es considerado representantes del llamado sector negocios de Convergència.

Eloi Badia y Lluís Basteiro

La pugna contra los operadores medioambientales privados de Badia se inició en 2015. Su llegada al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona le llevo a la creación dos años después de la AMAP. Situó al frente de la entidad a su mano derecha, Lluís Basteiro, otro político que se forjó en la entidad Enginyeria Sense Fronteres, igual que el propio concejal.

Basteiro fue consejero de Barcelona Cicle de l’Aigua, la empresa que gestiona las cloacas y fuentes ornamentales de la ciudad que depende del área que dirige Badia. En 2019 protagonizó un escándalo, ya que el político le intentó aupar al cargo de director de Servicios del Ciclo del Agua. Finalmente, la promoción fue frustrada por la polvareda que se levantó. Ahora, el molestar regresa a las corporaciones locales por el rol de Capitol.