La T-Mobilitat acumula sobrecostes por valor de 37 millones de euros. El sistema de títulos de transporte sin contacto, que acumula seis años de retraso, se ha desviado del presupuesto previsto, una pifia que se suma a la demora en su entrada en vigor y a una brecha de seguridad en su prueba piloto que está en marcha.
Lo ha avanzado Ara, que ha precisado que el proyecto tenía un presupuesto inicial de 58 millones de euros y ahora ya roza los 95 millones. Lo ejecuta una unión temporal de empresas (UTE) llamada SOC Mobilitat que forman La Caixa, Indra, Fujitsu y Moventia, entre otros.
Retrasos
La puesta en marcha del sistema contactless tenía que arrancar en 2014, pero la llegada al poder de la alcaldesa Ada Colau en 2015 provocó un primer retraso, pues el Ayuntamiento de Barcelona, socio en el consorcio Autoritat del Transport Metropolità (ATM), trató de revertir la externalización.
Ello no ocurrió, pero se llegó a un acuerdo para reforzar la protección de datos. La negociación entre públicos y privados provocó un primer retraso del proyecto hasta finales de 2016. Aquel año, la "complejidad" de la puesta en marcha, que implicaba cambiar las máquinas validadoras, volvió a gripar la iniciativa hasta 2017. Año en el que el desafío independentista en Cataluña evitó nuevos trabajos de la T-Mobilitat. De nuevo, el proyecto se retrasó.
Indemnización
El nuevo calendario conllevó un pago de 12 millones de euros en indemnizaciones a las empresas promotoras, pues éstas no recibieron los beneficios pactados por contrato. La fecha de 2018, no obstante, tampoco aguantó, y la T-Mobilitat pasó a inicios de 2020 porque la tecnología propuesta para 2014 había quedado obsoleta.
En el primer trimestre de 2020 la pandemia golpeó España y el sistema contactless se volvió a retrasar. Antes, el Govern había negociado con SOC Mobilitat un recorte de los beneficios por uso de la tarjeta como penalización. Globalmente, el proyecto ya se presupuesta en 95 millones, frente a los 58 millones inicialmente anunciados.