El Instituto Catalán de Finanzas (ICF) ha purgado su equipo jurídico tras el caos en el que se sumió la financiera catalana por el aval a los encausados por el Tribunal de Cuentas por su papel en la internacionalización del procés independentista en Cataluña. 

Fuentes del sector financiero han detallado a este medio que el ICF ha destituido a D. M., su responsable legal, que también era abogado de carrera de la Administración autonómica. La salida de M. se suma al vaciado de contenido del puesto de V. M., responsable de cumplimiento del ente adscrito a la Consejería de Economía.

Sin equipo jurídico

Los cambios en el ICF se han completado recientemente, agregan las mismas fuentes. Este medio ha preguntado al equipo de prensa del Departamento de Economía y Hacienda, que no ha contestado. Las redes sociales, no obstante, ya dan cuenta de las novedades en el Instituto.

Todo ello tiene una consecuencia: el ICF, en estos momentos, no tiene equipo jurídico propio. La directora de cumplimiento y control, Marta Gomà, se ha quedado sin su abogado jefe y ha ido relegando a su número tres hasta vaciar el puesto de contenido. Gomà, economista de formación, “y no abogada”, subraya el sector financiero, se ha quedado sin contrapesos legales para validar cada movimiento que haga el ICF. Ello cuando la financiera acaba de salir de un pequeño huracán, con una investigación de la fiscalía en marcha.

En manos de KPMG y Roca hijo

Así pues, ¿quién controlará que un pseudobanco público con 2.100 millones en activos se ciña a partir de ahora a la legalidad? Los abogados externos del ente. Por un lado, el ICF, que pilota el consejero delegado, Víctor Guardiola, se apoyará en KPMG, la consultora con la que ha trabajado tradicionalmente. No es un equipo legal interno, es externo, pero tendrá que arrimar el hombro para validar las decisiones.

Por otro lado, la cúpula del Instituto podrá confiar en el secretario no miembro del consejo: Joan Roca Segarra, letrado del bufete Roca Junyent, hijo de Miquel Roca, padre de la Constitución, y un hombre “que conoce la casa”, matizan las mismas voces. No obstante, para los casos más urgentes, el ICF tendrá que reposar ahora en el criterio de los abogados del Departamento de Economía y Hacienda. “Tendrán que venir ad hoc cada vez para validar las decisiones. Es inoperativo y un engorro”, explican las mismas voces.

Víctor Guardiola, en la picota

Ello, la tutela de Economía, “intervención” según algunas opiniones del sector financiero, es lo que ocurrió en julio de este año, cuando el ICF tuvo que avalar las fianzas que pedía el Tribunal de Cuentas a 29 ex altos cargos de la Generalitat y a expolíticos por su papen en el procés. El movimiento, muy cuestionado, ha terminado denunciado ante la Fiscalía Superior de Cataluña, que lo está examinando. Más preocupante si cabe, el paso de ser contraavalista de los encausados a ser el avalista principal minó la reputación de un organismo en el que deben confiar empresas e instituciones.

Tanto es así que el juego de manos, que el sector financiero atribuye directamente a Jaume Giró, consejero de Economía, podría acabar costando la cabeza a Víctor Guardiola. El CEO del ICF asumió –e informó a su staff— de que aquel movimiento era una imposición de Economía. Libró a su plantilla de “firmar” los papeles y asumió los riesgos con apoyo del equipo legal. Un departamento que ahora ha sido desmantelado.