La ley catalana del alquiler desploma la oferta un 40%

Es cierto que en la capital catalana --una de las zonas declaradas como mercado tensionado por la gran subida de precios registrada previamente, y que se acogió a la ley-- los precios se han contenido en los últimos 12 meses; de hecho han caído casi un 10%. Sin embargo, la reducción está en la línea con la que se ha observado en otras grandes ciudades españolas como Madrid, Sevilla o Valencia, donde no se aplica dicho marco jurídico, lo que lleva a los representantes consultados dentro del sector inmobiliario a concluir que la evolución se debe a la crisis del Covid y a la salida de clientes extranjeros, no al cambio legislativo.

Mayor caída que en Madrid

Idealista ha señalado a Crónica Global que estos datos coinciden con los registrados en su portal inmobiliario. En un año, el número de viviendas de alquiler anunciadas en la plataforma se han contraído un 42%, mientras que en Madrid el descenso ha quedado limitado a un 22%. Francisco Iñareta, portavoz de la compañía, valora que la ley “no ha funcionado” a la hora de cumplir los objetivos planeados, y que solo se puede solucionar el problema de escasez de hogares “ampliando el parque de viviendas”.

“Si la Administración quisiera que hubiera un mayor acceso a la vivienda, tendría que meter más vivienda pública, un parque de vivienda pública en alquiler”, coincide Montse Moreno, vicepresidenta de la AEPSI. La consultora inmobiliaria tacha de “populista” que se apliquen este tipo de medidas, ya que considera que es “quitarse un problema y ponérselo a un tercero”, cuando la solución a su juicio es “generar más vivienda social”, si bien ello conlleva una “gestión compleja” por el nivel de solvencia de los usuarios, además de los costes de mantenimiento.

Más inseguridad jurídica

La Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (API) afirma que la legislación catalana ha generado “inseguridad jurídica” y una “disminución en la inversión”, con un subsecuente desvío del capital hacia otros mercados más seguros. “Cada vez hay menos interesados en poner producto en el mercado de alquiler”, advierte Montserrat Junyent, responsable de Asesoría Jurídica de la organización.

La jurista añade que “la carencia del producto, y especialmente de vivienda asequible o social, es la causa fundamental del problema”, un punto que subrayan todas las voces consultadas. Por ello, llama al sector público a colaborar con el privado en vez de enfrentarse a él: “Las medidas coercitivas no incentivan la aparición de viviendas ni la inversión”, zanja.

Fuga de inversores

A la vicepresidenta de la AEPSI también le preocupa esta cuestión, ya que ha detectado que “hay inversores que se están yendo fuera de Cataluña”. En particular, a la Comunidad Valenciana, Málaga y Madrid.

Ello implica, en definitiva, una menor oferta, en un momento en que se prevé un aumento de demanda extranjera tras la pandemia. “La población flotante que solía venir a Barcelona, directivos que vienen por temporadas, estudiantes… lo normal es que vuelvan a venir a aquí”, intuye Moreno. Sin embargo, la incertidumbre hará que los propietarios solo alquilen a aquellos “con mejor perfil económico”, lo que, según ella, dejará fuera a los vecinos con menores recursos y provocará el efecto contrario a los objetivos que persigue la ley.