La pandemia provoca un roto de 5.150 millones en la cartera bursátil del Estado
El deterioro del precio de las participadas y los dividendos que se han suprimido por el Covid-19 dejan un notable impacto
8 agosto, 2021 00:00En estos días se cumplen 18 meses del espectacular hundimiento de los mercados como consecuencia de la irrupción del coronavirus en nuestras vidas. En bolsas como la española, aún hoy son más que visibles los impactos de un desplome que no se daba con tal virulencia desde la Gran Depresión. Grandes inversores, los considerados como “señores de la bolsa”, en su mayor parte inversores institucionales internacionales, han sido los mayores perjudicados. Pero, junto a ellos, uno de excepción: el mismísimo Reino de España.
El impacto de la pandemia en el patrimonio del Estado como inversor ha resultado por completo demoledor, hasta el punto de que se cuantifica durante este año y medio en unos 5.150 millones de euros. Las arcas públicas no sólo se han visto penalizadas por la depreciación de los valores en los que participan, a los que está costando mucho volver a las cotas que registraban antes de la pandemia, sino también por el dinero que se ha dejado de ingresar en concepto de dividendos.
Tanto es así que, incluso, en términos absolutos ha sido sensiblemente superior el impacto por este último capítulo. Debido a las circunstancias derivadas de la pandemia, el Estado ha dejado de ingresar cerca 2.900 millones de euros de las empresas en las que participa como accionista.
El castigo a AENA
Como tal, el Estado es uno de los principales tenedores de acciones en la bolsa española. El valor actual de su cartera de participadas se sitúa en torno a 16.000 millones de euros. De ellos, más de la mitad se corresponden con su presencia en AENA.
Privatizado parcialmente a comienzos de 2015, el gestor aeroportuario mantiene como accionista mayoritario a Enaire, la sociedad pública creada para este fin. AENA pasa por ser uno de los valores más castigados del parqué por su notable vinculación tanto con el ciclo económico como con la industria del turismo, sin duda la más golpeada por el Covid-19.
Dividendos por liquidez
Desde que se inició el desplome de los mercados, a mediados de febrero de 2020, un mes antes de la declaración del primer estado de alarma, el porcentaje del 51% del capital de AENA que sigue en manos públicas se ha depreciado algo más de 2.300 millones de euros. Pese a que el valor ya ha recuperado terreno de manera notable desde que tocó suelo en la crisis, aún cotiza en torno a un 18% por debajo de los precios que reflejaba en el momento previo a la caída generalizada de los mercados.
No obstante, lo más negativo desde el punto de vista de los ingresos del Estado fue el hecho de que la compañía se viera obligada a suspender la remuneración al accionista, como parte de las medidas que puso en marcha la dirección para reforzar la liquidez con el fin de afrontar lo que estaba por llegar, en forma de un drástico recorte de la facturación por el hundimientos de los tráficos y las consiguientes pérdidas.
Del cielo al infierno
Antes de la llegada de la pandemia, AENA ofrecía una de las mejores rentabilidades por dividendo del mercado. Su último plan estratégico mantenía una política de retribución al socio basada en un pay-out (parte del resultado destinada al dividendo) del 80%.
Para muestra, el Estado se embolsó 530 millones de euros en concepto del último dividendo que percibió de AENA, con cargo a los resultados de 2018. Y se disponía a recibir uno de 580 millones correspondiente a las cuentas de 2019 (que afloraron un récord absoluto de beneficios, gracias a las mejores cifras de afluencia de pasajeros de su historia) cuando irrumpió la pandemia.
Adiós al superdividendo
Sumado al que hubiera percibido en este año en circunstancias normales, el Estado hubiera recibido de su principal posición en bolsa cerca de 1.150 millones en metálico, que el virus se ha encargado de que se esfumaran.
El otro gran agujero relacionado con la bolsa y la pandemia cabe encontrarlo en el sector financiero. El Estado fue el principal perjudicado de que la antigua Bankia tuviera que dejar sin efecto el pago de un dividendo extraordinario de 2.500 millones de euros al que su dirección, encabezada por el que era su presidente (y en la actualidad, de Caixabank), José Ignacio Goirigolzarri, se había comprometido a la culminación del plan estratégico a tres años que la entidad financiera concluía en 2020.
El veto del BCE
Merced al rescate del sector bancario en 2012 y la inyección de unos 24.000 millones de capital, el Estado tomó el control de la entidad y, tras un par de desinversiones parciales, mantenía una participación en torno al 62%, lo que le hubiera servido para ingresar algo más de 1.500 millones por el dividendo extra.
La llegada de la pandemia llevó a Bankia a dejar en suspenso el pago como medida de prudencia; posteriormente, las indicaciones del Banco Central Europeo a las entidades que están bajo su supervisión, con vistas a reforzar su liquidez, vetaron cualquier tipo de retribución al accionista.
La fusión, un oasis en el desierto
Así, al margen del extraordinario, el Estado también se perdió el último dividendo ordinario de Bankia, que registraba una media de unos 200 millones de euros cada ejercicio.
Al menos, esta participación es la única que le ha dado alegrías desde el punto de vista bursátil. La fusión con Caixabank le ha llevado a formar parte del mayor banco de España y ha elevado algo más de un 15% el valor de su participación, en torno a 450 millones de euros en términos absolutos, que contrasta con el retroceso de algo más del 12% que aún acumula el Ibex 35.
Luces y sombras
No puede decirse lo mismo del resto de sus participadas, más residuales. Sin ir más lejos, el 20% que conserva en REE acumula aun una depreciación de 265 millones de euros, mientras que el 5% de Enagás vale ahora unos 75 millones de euros menos.
Al menos, ambas empresas conservan su dividendo. Una figura que Indra, la otra apuesta bursátil del Estado, hace tiempo que quiere recuperar aunque no parece este el mejor momento.