Moncloa sospechó de la banca por los préstamos ICO desde su inicio

La apertura de un expediente sancionador por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) supone la culminación de un proceso que comenzó nada más arrancar una de las medidas estrella aprobadas por el Ejecutivo para tratar de minimizar los efectos de la crisis del coronavirus en la economía.

Acusaciones cruzadas

El programa fue acogido con optimismo por el mercado, pero no tardaron en surgir las críticas cruzadas. Desde el sector financiero se echó en cara a Moncloa que lanzara las líneas de crédito del programa en varias fases, en lugar de proceder directamente a poner en el sistema los 100.000 millones de euros de que constaba.

Desde el Gobierno pronto se acusó a los bancos de bloquear el acceso a los préstamos a determinadas empresas, especialmente las de pequeño tamaño, al imponerle condiciones demasiado estrictas.

Sánchez e Iglesias, al ataque

Al mismo tiempo, en sucesivas comparecencias en el Congreso de los Diputados, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que el Ejecutivo se mantenía vigilante con el sector financiero ante las denuncias que, por entonces, empezaban a llegar desde determinados colectivos acerca de supuestas prácticas de las entidades financieras a la hora de conceder los préstamos que el programa no permitía.

Unas acusaciones veladas que también fueron deslizadas en sede parlamentaria por Pablo Iglesias, por entonces vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, la formación que constituye la coalición de Moncloa junto al PSOE.

Criterios del ICO

Las entidades financieras no se dieron por aludidas ante acusaciones que, ya por entonces, antes de la llegada del verano de 2020, hablaban de supuestas maniobras como la vinculación de los créditos con la contratación de otros productos (especialmente seguros) y la aplicación de los préstamos a procesos de financiación anteriores, algo explícitamente prohibido por el ICO. Precisamente, los supuestos que la CNMC investiga en el expediente abierto contra Santander, Banco Sabadell, Caixabank y Bankia.

La sede de la CNMC en Madrid / EP

No obstante, la banca sí despejaba las acusaciones de bloquear el acceso a los créditos con el argumento de que se limitaban a aplicar los criterios que el ICO les había indicado a la hora de permitir el acceso de los solicitantes a los préstamos, con el objetivo de que la repercusión en las tasas de morosidad fuera la menor posible.

Marco definido

De esta forma, las entidades financieras se encargaban de recordarle al Gobierno que lo que había aprobado el Consejo de Ministros era un programa de préstamos y, en ningún caso, de subvenciones a fondos perdido.

El sector también tuvo que hacer frente a determinadas acusaciones sobre el resultado que estaban obteniendo con la contratación de unos productos que tenían un marco de condiciones muy definido, con intereses moderados de entre el 1,5% y el 2,5%, en función del tipo de solicitante.

Informe de PwC

En este sentido, el mensaje que llegaba con mayor frecuencia de parte de los bancos era que el programa de los préstamos ICO no estaba generando una rentabilidad adicional pero que, sin embargo, sí resultaba útil como mecanismo para hacer posible que aquellas empresas que eran realmente viables no tuvieran que echar el cierre por los efectos de la pandemia.

No obstante, el clima de tensión entre las partes aún tenia que padecer algunos giros de tuerca más. A finales del pasado curso, el Gobierno encargó a la consultora PwC un informe que ayudara a esclarecer si realmente las entidades estaban aplicando correctamente los criterios para la concesión de los préstamos o estaba aprovechando la circunstancia para llevar a cabo prácticas como la refinanciación de deudas anteriores.

La polémica de los sueldos

En paralelo, durante las últimas semanas, el Gobierno y el sector financiero volvieron a enzarzarse, en este caso con el asunto de los bonus de los ejecutivos como telón de fondo, después de que la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, criticara con dureza en sede parlamentaria estas retribuciones.

Tras la apertura del expediente por parte de la CNMC, la banca ha vuelto a negar las supuestas malas prácticas, que hace algo más de un año ya fueron insinuadas desde el Ejecutivo. Por delante, un año y medio para que el organismo que preside Cani Fernández tome una decisión al respecto, en una historia que promete nuevos capítulos.