La pugna entre patronales paraliza el convenio de geriatría catalán

El órgano judicial ha accedido, además, a la suspensión cautelar de la publicación del documento en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), requisito imprescindible para que entre en vigor. Así que las subidas salariales introducidas en el texto --cuyo primer tramo implicaba un incremento del 6% este 2021-- han quedado congeladas hasta que se resuelva el recurso.

Ola de malestar

La paralización ha generado una ola de malestar entre las organizaciones que negociaron el convenio colectivo --la regulación fue pactada por UGT, CCOO, ACRA, el Consorcio Asociación Patronal Sanitaria y Social (CAPSS) y La Unión Catalana de Hospitales--. Las cinco entidades han difundido un comunicado conjunto en que reiteran su compromiso con el resultado del diálogo social y lamentan los perjuicios causados sobre el personal.

Sin embargo, la maniobra de ACAD no ha cogido por sorpresa al resto de actores. La patronal criticó en febrero el marco laboral al entender que no cubría la mayor parte de residencias y centros de día del territorio al fijar una facturación mínima concertada del 60% --esta queja fue replicada también por la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), de la cual forma parte ACAD--. De hecho, esta patronal siempre ha sido clara en sus reclamaciones y ahora mismo trabaja en una estrategia alternativa para las residencias junto a otras organizaciones que salieron del acuerdo (CESOCAT, La Confederació, UPIMIR y ACES).

Una de las residencias exigen al Govern que duplique su inversión / EP

Pugna patronal

Aunque estos argumentos no han sido los que ha utilizado la patronal para impugnar la regulación. Joan Gracia, presidente de ACAD, ha explicado a Crónica Global que los dos motivos del recurso son la pugna por la representatividad del órgano de negociación y la falta de autorización de la comisión paritaria del convenio marco estatal. Este segundo requisito, como puntualiza Gracia, es imprescindible para desarrollar regulación laboral de carácter autonómico o provincial.

ACAD, segunda patronal catalana por número de socios (unos 250), reclama un trato más igualitario con ACRA (que cuenta con 400 asociados). "No nos parece equilibrado que, de entre 15 delegados empresariales en la mesa de negociación, ACRA se adjudicase 11 y solo nos diese uno a nosotros", incide el portavoz. Ambas organizaciones se emplazaron a un acto de conciliación en marzo para equilibrar sus fuerzas a petición de ACAD, aunque el encuentro no logró acercar posiciones. A nivel español, ACRA está integrada en CEAPS (Círculo Empresarial de Atención a las Personas), cuya presidenta, Cinta Pascual, lo es a su vez de la entidad catalana. Pero según las fuentes consultadas, la FED ostenta mayoría en la mesa de alcance nacional y tiene la última palabra para permitir despliegues regulatorios en las regiones.

Dudas sobre la aplicación

Desde ACRA no quieren entrar en estas disputas, pero fuentes de esta patronal lamentan las consecuencias del retraso en la puesta en marcha del convenio: "Es de justicia que las personas trabajadoras, que han hecho un gran esfuerzo durante el Covid-19 y que desarrollan una gran tarea cuidando a los mayores, vean aumentadas sus condiciones salariales".

Respecto a la cobertura de la norma, la horquilla de centros afectados oscila ampliamente en función del interlocutor consultado. Mientras los firmantes hablan de un 70% de equipamientos afectados, ACAD y FED restringen esta proporción al 30%.

Mejoras futuras

Lo cierto es que el pacto deja al margen a los centros de financiación íntegramente privada, a las 16 residencias 100% públicas de Cataluña y a otras empresas con una cuota de concertación inferior al 60%. De hecho, sindicatos como CGT, que por su falta de implantación no formarán parte de la mesa negociadora del acuerdo, ya levantaron la voz por el "sistema clasista" establecido en el texto al clasificar los centros según la porción de facturación concertada.

Sin embargo, los sindicatos mayoritarios defendieron en febrero que la norma representaba solo un primer paso para las partes. Recordaron que otros ámbitos como la sanidad también cuentan con un convenio propio para el segmento concertado del Siscat y que, más adelante, retomarían cuestiones pendientes como la equiparación salarial entre profesionales de geriátricos, centros de día y alojamientos tutelados --exceptuando la atención domiciliaria, que queda fuera del ámbito de actuación de la normativa--.

Ancianos en residencias catalanas

UGT: "Una vergüenza"

Ninguna de las razones de ACAD convence a las organizaciones de defensa de los trabajadores, que expresan su enfado por la actuación de la patronal. Jaume Adrover (UGT) lo denuncia contundentemente: "La impugnación es una vergüenza. Todavía más cuando el Govern aprobó en febrero un aumento de las tarifas de atención a las personas mayores del 4%". El sindicalista considera que las privadas adscritas a esta organización empresarial no quieren repercutir estos aumentos sobre las alzas salariales pactadas por convenio --un 6% este 2021 y otro 3% en 2022 y en 2023--.

"Lo que no explica ACAD es que no quieren pagar más. Lo que quieren es aumento de tarifas sin tocar los salarios de los empleados, cuando en realidad una subida del 6% solo implica unos 60 euros al mes para muchos trabajadores. Utilizan el convenio marco para bloquear cualquier mejora en autonomías y provincias", zanja. La vista del caso en el TSJC se ha agendado el próximo 15 de septiembre. Hasta entonces, las tarifas de los servicios subirán, pero no lo harán las nóminas de los empleados. El conflicto laboral en el sector de la dependencia catalana ha estallado.