Mediapro es una víctima más del atasco en el fondo de auxilio a las empresas articulado por el Gobierno a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), por la polémica en torno a las ayudas a la aerolínea Plus Ultra, denunciadas ya ante las autoridades europeas y el Tribunal de Cuentas.
El estallido del escándalo ha dejado casi en estado de hibernación el proceso, un tiempo que, además, será aprovechado por la Moncloa para valorar pros y contras de una decisión que llega en un momento especialmente inoportuno.
La delicada situación financiera de la productora controlada por Jaume Roures hizo que el empresario no dudara a la hora de acudir en busca del auxilio de la SEPI, con una voluminosa solicitud que llegó a valorarse en unos 300 millones de euros. Por entonces, el mecanismo del fondo diseñado por el Gobierno a finales del pasado año funcionaba con una cierta agilidad, hasta el punto de que al cierre del primer trimestre, el Consejo de Ministros ya había aprobado ayudas por un valor aproximado de 1.000 millones de euros.
Entre ellas, figuraba la más voluminosa hasta la fecha, dirigida a Air Europa por valor de 475 millones de euros, pero también la que iba a traer más polémica: la de 53 millones concedida a Plus Ultra, una compañía con una muy escasa actividad en el mercado, sin apenas flota disponible y cuya situación financiera apurada se extendía mucho más allá (en consonancia con su nombre) de la crisis derivada del coronavirus.
Extremar las precauciones
El escándalo no tardó en estallar cuando comenzaron a arreciar las informaciones sobre supuestos vínculos de la compañía con el régimen chavista de Venezuela y datos que desmentían las justificaciones del Gobierno sobre el carácter “estratégico” de la aerolínea, dada su muy escasa cuota de mercado y el hecho de que las rutas que cubría podrían ser asumidas sin problema alguno por otras compañías.
Si hasta entonces la SEPI había sido especialmente cuidadosa con los procesos seguidos con cada solicitud de ayuda del fondo, a partir de este momento las precauciones se han incrementado de tal manera que el proceso ha quedado prácticamente paralizado.
Abengoa, Celsa...
Y además, lo ha hecho en un momento especialmente inoportuno debido a la avalancha de peticiones que estaban llegando hasta el organismo público, algo que en el seno de la SEPI ya aguardaban desde finales del pasado año, conforme vencieran procesos de moratorias, préstamos y otras ayudas de urgencia a empresas concedidas inmediatamente después de desatarse la pandemia.
En la mesa del consejo gestor del fondo de la SEPI, dotado con 10.000 millones de euros, también han quedado pendientes peticiones muy significativas, como las de Abengoa, protagonista de uno de los mayores concursos de acreedores de la historia de España, que ha solicitado cerca de 250 millones de euros; y Celsa, cuya resolución estaba a punto desbloquearse cuando el escándalo a raíz del caso de Plus Ultra alteró todos los planes y calendarios.
El ruido de los indultos
Sin embargo, el caso de Mediapro es especialmente delicado para la Moncloa y más en este momento, en el contexto del debate en torno a los indultos que el Consejo de Ministros podría conceder a los condenados por el procés, en contra el criterio del Tribunal Supremo.
Un escenario que genera demasiado ruido alrededor del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que un posible rescate con dinero público a la empresa liderada por Roures, con estrechas vinculaciones con el independentismo catalán, terminaría de situar en el disparadero.
Jaume Roures en TV3
Conexión con Unidas Podemos
Determinadas voces en el Consejo de Ministros igualmente han puesto sobre la mesa el factor de la también cercana relación de Mediapro con Unidas Podemos, el partido que forma parte de la coalición de Gobierno junto al PSOE. De hecho, apenas unas horas después de que el anterior líder de la formación morada, Pablo Iglesias, decidiera abandonar todos sus cargos en el partido tras las elecciones de la Comunidad de Madrid, a las que se presentó como cabeza de lista, ya se vinculó su futuro profesional con el productor catalán.
Tampoco escapan al Ejecutivo los problemas que podrían surgir, en un momento determinado, para justificar la ayuda a Mediapro cuando tan solo unas semanas antes Roures había participado en un aval concedido al por entonces presidente electo del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, precisamente para que pudiera ser nombrado de manera formal.
La denuncia de Garicano
El caso de Plus Ultra es examinado desde hace unas semanas en el Parlamento Europeo, donde fue denunciado por eurodiputados del ala liberal encabezados por el representante de Ciudadanos Luis Galicano. Además, la formación naranja ha presentado recientemente una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por el mismo caso.
Estas actuaciones han extendido un enorme manto de prudencia en el seno de la SEPI, cuyos funcionarios no quieren correr el más mínimo riesgo de verse inmersos en posibles denuncias por las actuaciones en torno a estos procesos, por los que cada paso es analizado con mucha mayor minuciosidad que en el pasado.
Recelos en Bruselas
El organismo también ha vivido estas convulsas semanas el aterrizaje de su nueva presidenta, Belén Gualda, que terminaba así con la situación de interinidad del vicepresidente, Bartolomé Lora, que ya se prolongaba durante más de un año. El aterrizaje de Gualda coincidió con el momento álgido del caso de Plus Ultra.
Todos estos elementos han generado una especie de tormenta perfecta que complica sobremanera el rescate de Mediapro. Por lo pronto, la cifra solicitada ya se redujo por debajo de los 250 millones de euros, con el fin de evitar que la Comisión Europea tenga que pronunciarse al respecto. La situación alrededor de la aerolínea latinoamericana hace que en Bruselas “llueva sobre mojado” con estos procesos. Y además, Roures empieza a hacerse célebre también en el ámbito europeo, a raíz de las denuncias por supuestos incumplimientos en los contratos de los derechos de retransmisión del fútbol en Francia.