Celsa aparca la vía judicial ante el inminente rescate de la SEPI

El pasado viernes se celebró una vista en el juzgado de primera instancia número 60 de Madrid acerca de las medidas cautelares que el juez había concedido en principio a Celsa para no tener que afrontar los vencimientos de deuda relacionados con el préstamo sindicado firmado en 2017, por existir una causa de fuerza mayor como el coronavirus. El magistrado decidió revocar en su día estas medidas y ha emitido un nuevo auto en el que se ratifica en su decisión.

Celsa deja de lado la vía judicial a la espera del rescate de la SEPI / CG

De este modo, Celsa quedaría obligada a afrontar el pago de los vencimientos establecidos desde marzo de 2020 en relación con este préstamo, que suman unos 200 millones de euros. Sin embargo, la compañía tiene la opción de recurrir al auto, por lo que éste aún no deviene en firme.

Hasta el momento, la vía judicial ha sido la empleada por la siderúrgica para evitar el pago de los compromisos de la deuda; sin embargo, todo parece indicar que las tornas cambiarán debido a la cercanía del rescate del fondo de la SEPI. Fuentes conocedoras de la situación indican que la resolución llegará en breve, lo que dará a la compañía un mayor margen para negociar con los acreedores sin necesidad de tener que volver a recurrir a los tribunales, con el consiguiente coste económico y de tiempo.

Pendientes de otra vista

Además, las numerosas idas y venidas jurídicas han provocado un cierto agotamiento de los argumentos presentados por Celsa para tratar de sostener las medidas cautelares. Sin ir más lejos, el titular del juzgado número 60 de Madrid dictó el citado auto el pasado viernes, el propio día de la vista, según apuntan a Crónica Global fuentes judiciales.

Cabe recordar que la compañía está pendiente de otro proceso similar, en este caso relacionado con el préstamo convertible, que está a la espera de que se fije una fecha para la preceptiva vista, en la que se determinará si ha lugar al mantenimiento de las medidas cautelares.

Sin apoyo judicial

No obstante, habida cuenta del caso que se seguía en el juzgado de Madrid, el magistrado decidió aplazar este segundo procedimiento hasta que se resolviera aquel; de modo que todo parece indicar que el grupo de los Rubiralta tampoco obtendrán el respaldo de los tribunales en el caso del convertible, que podría resolverse en el plazo aproximado de un mes.

Para entonces podría ya haber resolución por parte de la SEPI sobre el apoyo solicitado por la compañía el pasado noviembre y que fue luego posteriormente ampliado, hasta una cifra próxima a los 800 millones de euros, como adelantó este diario.

Fase muy avanzada

La compañía ya avanzó en ese momento que el proceso se encontraba en una fase muy avanzada. Con todo, aún se desconoce si finalmente el organismo público atenderá por completo su solicitud, así como la modalidad elegida para hacerlo. Es decir, a través de una inyección directa de capital, mediante préstamos u otra solución en esta línea.

Este hecho hace que Celsa se plantee de forma seria aparcar la vía judicial que, hasta ahora, le había permitido ganar tiempo frente a los acreedores. Los fondos han ido desmontando esta estrategia hasta dejar al grupo siderúrgico sin el escudo que había obtenido en los tribunales.

Análisis del fallo

La elevada posibilidad de una inyección financiera también contribuye a que la actitud de los acreedores sea menos beligerante, dado que la vía judicial tampoco beneficia sus intereses. Tiene como consecuencia inmediata dilatar en el tiempo un proceso que, a partir de la resolución de las negociaciones con la SEPI, será mucho más sencillo.

Por el momento, la compañía no ha tomado una decisión definitiva. Fuentes próximas a Celsa remarcan que el auto judicial dictado el pasado viernes es recurrible y, por lo tanto, no es firme. “Celsa está analizando el fallo para decidir qué medidas adopta al respecto”.