La dura carta de las inmobiliarias al Sindicat de Llogaters: "¿A quién representáis?"

Es la carta de los inmobiliarios al Sindicat de Llogaters. El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) y el Consejo de Colegios de Cataluña han leído la cartilla al grupo provivienda pública. En la misiva, los entes colegiales salen en defensa del sector y exigen que no se cuestione ni su "profesionalidad" ni su "empatía" con los más vulnerables. 

Es lo que reza la misiva pública enviada por el Colegio y el Consejo de Colegios al Sindicat, una plataforma provivienda cercana a los comunes que entregó primero un mensaje crítico dirigido a los "agentes inmobiliarios de Cataluña". En su respuesta, los dos entes comienzan con una doble crítica a la coalición de izquierdas: les tienen que responder vía medios de comunicación porque en la denuncia "no consta ninguna dirección". También aclara que Colegio y Consejo de Colegios son dos corporaciones de derecho público distintas, por lo que el Sindicat se dirigió a "un colegio inexistente". 

"Solo existen en los medios"

Entrando en el contenido de la primera carta enviada al organismo colegial, los inmobiliarios recuerdan al Sindicat que "no participaron en ningún debate público ni con la Administración promotora" de la ley 11/2020 de contención de los alquileres en Cataluña, que está siendo examinada por el Tribunal Constitucional. Más duros, desde el sector afean a la coalición vecinal que se "autoatribuyan una representatividad que no acreditan ni conocemos". Más allá "del eco mediático" que les dan los medios. 

Desde los API subrayan que no pudieron participar en la polémica ley catalana de alquileres "porque esta se tramitó por lectura única", algo que, siendo la vivienda el objeto de legislación, "no debería haber ocurrido jamás". Esquilmó esa tramitación la posibilidad de debate, tanto público como en el Parlamento catalán. ¿Y ahora? Desde el Colegio y Consejo piden un debate amplio, pero no solo con el Sindicat, "que se erige en representante de no sabemos quién, excepto de sus asociados, si es que están constituidos bajo alguna forma jurídica concreta". 

"No cuestionen nuestra profesionalidad"

Los intermediarios del inmobiliario enfatizan los esfuerzos hechos para informar al sector de la nueva ley, y sensibilizar sobre su cumplimiento. Ello pese a que la norma no se desarrolla en el marco de la "seguridad jurídica". Y se dan "falsas interpretaciones de la misma" que dirimirán, si es preciso, "los tribunales". Es por estos motivos que los dos entes profesionales exigen "no cuestionar la profesionalidad y transparencia de nuestros miembros", no sugerir interferencias políticas ni, tampoco, que se pongan en duda la "empatía y sensibilidad" de los API frente a la "emergencia habitacional". 

Colegio y Consejo de Colegios recuerdan que siempre han defendido "dar respuesta a la dificultad del acceso a la vivienda de colectivos vulnerables". Se impone "hacer efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna", algo que se conseguirá "con la implicación del sector público y el sector privado". En referencia a la ley autonómica que pone un tope a los alquileres, avisan los firmantes de que "estas mismas medidas ya han sido implementadas en otros lugares, y no han dado el resultado deseado y no han solucionado el problema de la vivienda". 

"Solo hay 32 expedientes frente al volumen de operaciones"

En el capítulo de los incumplimientos de la norma que limita las rentas, los dos organismos de colegiación hacen hincapié en que "no constan más incumplimientos que los dados a conocer por los medios de comunicación". Ningún consumidor ha presentado quejas ante el Colegio de API. La institución cita solo las 32 sanciones impuestas por el Ayuntamiento de Barcelona en base a 16 expedientes sancionadores, una cifra "que no es representativa del incumplimiento que denuncian" si se compara con el total de contratos de arrendamiento que se firman en Cataluña. 

Por último, los inmobiliarios se ponen a disposición del Sindicat por si la plataforma "tuviera quejas fundamentadas y documentadas".  Su mano tendida llega después de que el gobierno municipal de Ada Colau incoara procedimientos de multa contra diversos operadores del sector inmobiliario con arreglo a la polémica ley recurrida al TC. El sector recibió la noticia con frialdad, recordando que el texto, ya fue cuestionado por el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) y que podría acabar tumbado por el Constitucional, dejaría una estela de sanciones cuya viabilidad estaría en cuestión.