Fracaso del ICO en la previsión de morosidad de los créditos Covid

El organismo incrementó de forma considerable sus provisiones en 2020 como consecuencia del citado programa de préstamos, sin precedentes en la historia de España, dotado con una cuantía de 100.000 millones de euros. Según se reflejan en las cuentas del ejercicio, las provisiones totales se elevaron un 126% en relación a las registradas en 2019. El grueso de esta subida fue a parar al capítulo de “otras provisiones”, relacionado con el citado programa de préstamos.

Un fondo desde los 90

En este caso, el volumen de provisiones en 2020 asciende a 658,23 millones de euros, de los que más del 95% tienen como destino cubrir los riesgos derivados de posibles impagos de los préstamos, es decir, algo más de 626 millones de euros.

Esta cantidad alimenta el fondo constituido en su día, a mediados de la década de los 90, precisamente con el objetivo de que el ICO cubriera los posibles quebrantos con motivo del ejercicio de sus funciones. El fondo se dotó en su momento con sendas aportaciones del Estado valoradas en total en unos 375 millones de euros.

Comisiones de la banca

En esta ocasión, de manera excepcional, el fondo se ha ampliado, fundamentalmente a través de las comisiones abonadas al organismo por las entidades financieras que se han encargado de tramitar y gestionar los préstamos a sus clientes. Descontadas las cantidades destinadas al refuerzo de personal para atender esta demanda, la cuantía procedente de esta partida ha sido de 362,6 millones de euros.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, encargadas de los créditos ICO

Para reforzar este fondo y elevar la cobertura, el ICO ha destinado casi 82 millones de euros procedentes del beneficio neto anual del organismo en 2019, que ascendió a 106,94 millones de euros.

Por debajo de la mora bancaria

Si se tiene en cuenta que los avales cubrían entre el 70% y el 90% de los importes de los préstamos, en función de las características y condiciones de los solicitantes, la cantidad consignada para cubrir los riesgos de impago no llegan al 1% de la cuantía avalada.

Una cifra que contrasta con las actuales tasas de morosidad que presentan las principales entidades financieras españolas, que se sitúan claramente por encima del 3% en la mayoría de los casos. Además, los ejecutivos de estas entidades han manifestado en los últimos días, con motivo de la presentación de los resultados trimestrales, que prevén un incremento de esta ratio en los próximos meses, precisamente con motivo del vencimiento de distintos plazos de moratorias y carencias.

El Estado, al rescate

En el caso de que finalmente la morosidad relativa a los préstamos con aval del ICO superara las optimistas estimaciones que se reflejan en las provisiones dotadas por el organismo, se generaría un nuevo problema económico para el Estado, toda vez que, por su naturaleza, en ningún caso esa circunstancias podría ser cubierta por el patrimonio de la entidad.

De esta forma, el dinero debería salir de las arcas públicas, con una nueva dotación del Estado en la cantidad necesaria para cubrir la morosidad a la que no se pudiera hacer frente con las actuales provisiones.

Un impacto milmillonario

Si se extrapolaran las actuales tasas de morosidad que presenta el sistema financiero español a los préstamos con aval del ICO, la cantidad extra a aportar por el Estado para afrontar esta situación se aproximaría a los 2.000 millones de euros.

El ICO cerró el ejercicio 2020 con un beneficio de 70,18 millones de euros, cerca de un 34% inferior al registrado en 2019.