La proliferación de cargos políticos en el AMB propicia su control partidista

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) es una institución con 607 plazas de personal funcionario de las que 435 están vacantes. Esta cifra poco habitual en la Administración se explica por la proliferación de cargos políticos que propician un sesgo partidista muy marcado en los proyectos que salen de la institución. Más que la media de los ayuntamientos que conforman la corporación, tal y como denuncian fuentes internas que relatan el malestar por esta realidad.

Los mismos interlocutores señalan que el desajuste de personal es notorio en áreas sensibles que han protagonizado escándalos en los últimos años como es la de Ecología, encabezada por el concejal de BComú Eloi Badia. Entre ellos, los intentos de cambiar el modelo de gestión del agua y desmontar la empresa mixta supramunicipal.

Desconfianza interna

Además de los recursos públicos destinados a este fin, el AMB tomó la decisión de no defender la creación de este ente mixto ante el Tribunal Supremo en la causa abierta en la que peligraba la continuidad de la sociedad. Finalmente, los magistrados avalaron las decisiones políticas que se tomaron durante el mandato de Xavier Trias para darle forma. Con todo, se generó una falta de confianza interna con el personal que había participado de forma activa.

Eloi Badia, concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica de Barcelona / CG

Badia se ha rodeado en la cúpula de esta vicepresidencia de dos cargos políticos que se han unido a la institución como funcionarios eventuales. Se trata de la directora del Área de Ecología, la antigua líder de ICV en el Ayuntamiento de Barcelona, Imma Mayol; y del director de Servicios del Ciclo del Agua, Fernando Cabello. Este último llegó en noviembre de 2019 como personal eventual con funciones provisionales bajo la supervisión de la Gerencia Metropolitana.

Mayol, Cabello y Pinyol

Además, sustituyó a un funcionario de carrera, Martí Gullón. Se apunta a que ciertas decisiones que se han tomado sobre la sociedad mixta en los últimos años no habrían proliferado de forma tan sencilla bajo su gestión. Por ello era clave contar con alguien alineado con las tesis políticas de los comunes, el partido de Ada Colau, en materia de medio ambiente y, de forma especial, en el agua.

La designación de Mayol también levantó polvareda. Aterrizó desde Palma en el AMB como sustituta de Joan Pinyol, cuya gestión del Ecoparc 4 está bajo la lupa de la Sindicatura de Cuentas. La exlíder de ICV en Barcelona también estaba implicada en un caso judicial en la isla, ya que la habían acusado de delito ambiental, cuestión que no pesó en su fichaje.

Equipo politizado

Aunque es habitual que los colaboradores más cercanos tengan una proximidad ideológica con el responsable del área, que ejerzan como cargos políticos, no ocurre lo mismo con el resto del equipo… excepto en Ecología. Las mismas fuentes del AMB denuncian que los comunes han eludido la promoción interna del funcionariado de la casa para cubrir vacantes de “posiciones sensibles”.

Entre ellos, destacan el caso de la jefatura del Servicio de Supervisión de Concesiones. Actualmente está ocupada por un interino de libre designación, Xavier Herranz. Otra decisión que se tilda de “injerencia política” para eludir perfiles técnicos que “cuestionaran decisiones basadas en intereses políticos”, inciden.

Investigación judicial

Los 132 contratos de interinos por obra y servicio que existen actualmente en el AMB han dado pie a una investigación judicial. La tutela el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona con el objetivo de analizar si existe un abuso de este tipo de trabajadores en la organización y si se habría defraudado la ley al no cubrir plazas de funcionarios en propiedad, hecho que garantiza la imparcialidad en el desarrollo de sus funciones. Es decir, evita un sesgo político.

De los 377 efectivos humanos que prestan sus servicios en el AMB, solo 172 han sido seleccionados según lo dispuesto por la normativa para los funcionarios de carrera. Del resto, 132 han sido seleccionados mediante algún tipo de selección que no cubre las garantías requeridas para el ingreso en la función pública y otros 73 son eventuales o personal de confianza, entre los directivos y los de asesoramiento especial (confianza política).