La crisis de la restauración por la caída del consumo derivada de la pandemia del coronavirus y las restricciones para frenar la enfermedad se han cobrado una nueva víctima. La Camarga, el restaurante de los micrófonos, ha salido a la venta por 2,5 millones de euros.
Lo han indicado diversas fuentes del sector y lo ha podido cotejar este medio con Inmo Olaya, el bróker que intermedia la colocación del establecimiento para 70 personas situado en el Eixample. Los dueños del negocio, Irene y David Vidal, buscan nuevo propietario para un local de comida mediterránea que saltó al estrellato en 2013 por las escuchas desde un florero del comedor que anticiparon el caso Pujol.
"¿Qué interés tiene?"
Fuentes del sector han enmarcado la venta de La Camarga en la crisis del sector de la restauración, que acumula cierres y concursos por la caída de negocio provocada por la pandemia. Ni Inmo Olaya telefónicamente, ni directivos cercanos a la propiedad presencialmente, que dudaron del "interés de la venta", quisieron ayer explicar a Crónica Global más detalles de la operación, aunque en ningún momento la desmintieron.
De hecho, la tarde del miércoles había trajín de cajas en las instalaciones: sus antiguos propietarios están adecentando el local a la espera de que entre un nuevo comprador. Éste deberá pagar 2,5 millones de euros por el establecimiento, más la licencia C3 de restaurante. Un precio elevado, sí, pero para un local que lo fue todo desde el número 117 de la calle Aribau de Barcelona, en la zona elegante del Eixample.
Escuchas previas al 'caso Pujol'
La reputación de buen comer y discreción de La Camarga quedaron triturados en 2013, cuando trascendió la grabación de una comida entre la entonces presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, y Victoria Vicky Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor de Jordi Pujol y Marta Ferrusola.
Durante el ágape, Vicky explicó a Sánchez Camacho con todo lujo de detalles cómo, según ella, la familia Pujol hacía negocios con "impunidad". Lo que es más, Álvarez aseguró a la líder popular, después secretaria primera del Congreso de los Diputados, que Pujol Ferrusola "llevaba mochilas llenas de billetes de 500 euros a Andorra". La agencia de detectives Método 3 se encargó de grabar la comida, pero Sánchez Camacho pactó con el despacho antes de llevar el caso a los tribunales. No hubo proceso.
Estalló poco después
Las escuchas de La Camarga se solaparon con el inicio del caso Pujol, aún enjuiciado en la Audiencia Nacional, que podría procesar a la familia por presunta organización criminal. El Mundo acusó al clan de tener dinero en Andorra en 2014, mientras Victoria Álvarez, a su vez, llevó su testimonio al tribunal especial, que comenzó a indagar. El propio Jordi Pujol lanzó un comunicado aquel año en el que reconocía haber tenido dinero en el Principado pirenaico, aunque lo atribuyó a una deixa o legado de su abuelo.
Mientras, La Camarga cogía entidad de caso, aunque en el nivel político y parlamentario, no judicial. Las escuchas a políticos catalanes se cobraron la cabeza del exdirector general autonómico de Servicios Penitenciarios Xavier Martorell y del miembro del comité ejecutivo del PSOE José Zaragoza. Sánchez Camacho declaró en una comisión de investigación en el Parlamento catalán en 2015, pero alegó que la grabación había sido manipulada.
Golpe al restaurante
Mientras, el restaurante escenario del doble escándalo político y judicial se sumió en una profunda crisis. Encajó una caída de negocio, al pasar de ser lugar de almuerzo de parte de la clase política catalana a ser un local maldito por las vinculaciones con el espionaje. De hecho, sus propietarios llegaron a encargar una auditoría de seguridad para librarse de la mala imagen.
La Camarga, el restaurante de los micros, continuó en operación hasta ahora, superando la crisis de reputación. Ha cerrado por causa de la pandemia del coronavirus, acusando las duras restricciones a la hotelería que ha sostenido durante meses el Procicat en Cataluña. Ahora se vende de forma discreta, prometiendo tener "renombre", aunque sin indicar su ubicación exacta y sin revelar fotografías, que se mostrarán solo en las oficinas del intermediario.