El Govern retrasa 'sine die' 600 millones en transferencias a los trabajadores públicos

La interinidad política empieza a hacer mella en las obligaciones presupuestarias de la Generalitat de Cataluña. Tanto CCOO como UGT han denunciado la falta de compromiso del Govern en funciones con la mejora de la situación económica de los trabajadores de la Administración.

Unas obligaciones que ascienden, según cálculos elaborados por los sindicatos, a más de 600 millones de euros en transferencias para los 170.000 empleados públicos de la institución --un 90% de los cuales son funcionarios y el 10% restante, personal laboral--. El capítulo más sangrante es la subida salarial del 0,9% incorporada a los Presupuestos Generales del Estado aprobados el pasado diciembre y cuya ejecución todavía no se ha llevado a cabo.

Pagas pendientes de 2012

Pero esta medida --valorada por las organizaciones laborales en 90 millones de euros-- no es la única pendiente. La dilación en la convocatoria de la mesa general de función pública impide discutir la reversión de los recortes públicos posteriores a la crisis de 2008.

Entre estos se encuentran la recuperación del 55% de la paga extra suspendida en 2014 (375 millones de euros) y del 50% de la paga por productividad retirada en 2012 (100 millones si se toma en consideración una horquilla del 0,8%-1% sobre la masa salarial total). Pese a las promesas del Goven, estas cantidades seguirán sin cobrarse hasta que se agende un encuentro del foro de negociación.

Reunión sin fecha

Además, el órgano debe estudiar la ampliación de cuatro permisos distintos --hospitalización por enfermedad grave, muerte o accidente de un familiar; ausencia por visita médica; flexibilidad horaria de la jornada reducida y permiso de paternidad o maternidad en jornadas parciales--. En términos generales, estos derechos supondrían otros 50 millones de euros en gasto, según los mismos cálculos.

Las fuentes consultadas lamentan la renuncia de la Consejería de Políticas Digitales y Administraciones Públicas a reunirse en torno a la mesa de concertación hasta que se supere la parálisis institucional. José Manuel Ruiz (UGT) recuerda que los sindicatos llevan pidiendo desde enero un encuentro entre los agentes sociales y la Generalitat, tanto para abordar los asuntos de fondo como para ejecutar la subida salarial del 0,9%.

Teletrabajo

Por su parte, Joan Maria Sentís (CCOO) critica que el gobierno catalán eche balones fuera aprovechando el desenlace electoral del 14F. "Se puede negociar pese a que un Govern se encuentre en funciones y hay una parte de las reivindicaciones que se pueden aplicar de inmediato", reclama.

Sentís también reprocha que la autonomía no haya corregido el "insuficiente" sistema del teletrabajo pactado antes del estallido de la pandemia. Entre otros puntos, este acuerdo deja en manos de los empleados el pago de los medios informáticos para trabajar en remoto, en contra de lo establecido por el real decreto aprobado en agosto de 2020. Este contencioso también queda en el aire hasta que se convoque la mesa general de la función pública.

Carácter retroactivo

Un portavoz del área de gobierno dirigida por Jordi Puigneró sale al paso de las críticas sindicales. Para el departamento, es preferible esperar a que se constituya un Ejecutivo autonómico para cerrar cualquier nuevo acuerdo o retomar los compromisos alcanzados en el pasado.

"El 0,9% está garantizado y con carácter retroactivo, por lo tanto no celebrar la mesa no supone en ningún caso un perjuicio para los trabajadores públicos de la Generalitat", argumenta la consejería, que se emplaza al resto del ejercicio en curso para consumar las mejoras exigidas por los sindicatos. Pero los representantes de los trabajadores exigen asumir cuanto antes los retrasos. En esta ocasión, motivados por la parálisis política que atenaza Cataluña desde la última cita electoral.