El ocio nocturno impugnará la nueva prórroga de las restricciones Covid

El ocio nocturno y la restauración vuelven a situarse enfrente de una nueva decisión del Govern por los efectos en su sector. La patronal catalana Fecasarm llevará a los tribunales la nueva prórroga de las restricciones a la movilidad  que impiden que el ocio nocturno y la restauración recuperen su operativa habitual. Será la undécima impugnación de la asociación y el octavo recurso que mantendrá abierto contra el Govern por las medidas para frenar la expansión de la pandemia. 

Según la patronal, "el virus no se transmite en función de la hora", exigen de esta forma una "flexibilización" de las limitaciones a los bares y restaurantes. Fecasarm pedía que, como mínimo, se permitiera el servicio de cena en fin de semana.

Resignación

El jueves, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) desestimó resolver por la vía de urgencia una petición suya contra las restricciones. La organización asume que no resolverá el fondo del conflicto porque pierden vigencia el próximo lunes. "Si ya no se encuentran vigentes en aquella fecha, ya no se podrá suspender su vigencia cautelar", lamenta el secretario general y jefe de los servicios jurídicos de la entidad, Joaquim Boadas.

Fecasarm afirma que no se ha demostrado que la restricción horaria a su actividad mejore la situación epidemiológica de un territorio, pero sí que es contrastable que el sector sufre un "daño irreparable" por el golpe a su facturación. Según la patronal, las restricciones son "desproporcionadas e innecesarias". Reivindican el reciente dictamen del Tribunal Superior de Justicia Vasco que rechaza limitar la actividad para apuntar que el "daño no será reparable si los locales cierran de forma definitiva". 

Destrucción de empleo

La asociación de empresarios de ocio nocturno, hostelería y restauración también carga contra las medidas públicas que se han aprobado hasta ahora para aliviar su situación. Asegura que las ayudas "han sido del todo insuficientes" y avisa de que más de un 50% de las empresas de están en riesgo de insolvencia y que se pueden llegar a destruir 100.000 empleos.

Por todo ello, exige que se avance ya hacia el necesario equilibrio entre la salud y la economía.