La negociación del convenio agropecuario ha entrado en vía muerta. Las conversaciones entre los agentes sociales, que llevan dos años empantanadas, deben abordar la actualización de las tablas salariales, ya que cuatro de los siete grupos laborales se encuentran por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI).
Alícia Buil, secretaria del sector agroalimentario en UGT-FICA, ha acusado a la patronal de levantarse de la mesa de forma unilateral. Así, la reunión prevista el pasado 21 de diciembre se canceló tras la espantada de los empresarios. La organización reprocha a la Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) y el Institut Agrícola Català de Sant Isidre que han mostrado "una increíble falta de respeto hacia los trabajadores del sector".
Convenio caducado
La comisión negociadora lleva dos años intentando pactar un nuevo marco laboral. El texto, que caducó en diciembre de 2018, se halla actualmente en ultraactividad. Según denuncia UGT, los empresarios aprovechan este limbo para rehusar cualquier mejora en los ingresos de los trabajadores.
Sin embargo, el sindicato recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha avalado una demanda similar contra el filibusterismo de las patronales agropecuarias de esa región. "La sentencia declara sin duda que la ley donde se fija el salario mínimo interprofesional prevalece sobre los convenios colectivos aunque estén en prórroga o ultraactividad", señala Buil.
Denuncia ante Inspección de Trabajo
"Las tres patronales tienen publicada en su web las recomendaciones para aplicar el SMI, pero se lavan las manos. Los propietarios tiran de las tablas salariales, y como estas no recogen los aumentos, no aumentan las cantidades", reprocha la portavoz sindical. "Estamos ante un convenio agroprecario", resume.
UGT presentó el pasado 26 de noviembre una denuncia ante Inspección de Trabajo para forzar un acuerdo. El sindicato espera que el pronunciamiento del órgano fiscalizador obligue al empresariado a pactar definitivamente un incremento de las retribuciones. De este modo se pondría fin a un conflicto laboral que atenaza a un sector capital de la economía catalana.