Bergé contrató a Madí para facilitar la entrada de Mitsubishi en su capital

Mitsubishi Corporation culminó la compra del 24,9% del capital de Bergé Automoción en plena declaración del primer estado de alarma en España por la crisis del coronavirus. Fue David Madí el que medió en esta operación, tal y como consta en las pesquisas iniciales del titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, en el marco de la operación Voloh. La investigación que persigue los supuestos negocios ilícitos que prosperaron en el marco del procés.

En este caso, el presunto tráfico de influencias del político que ejercía de mano derecha de Artur Mas salpican al Ministerio de Industria y a su responsable, la socialista Reyes Maroto. De hecho, desde la sala de Barcelona se le ha requerido que entregue un expediente al tribunal con toda la información de cómo se “concedió la autorización administrativa de la ampliación de capital”, tal y como consta en la documentación judicial a la que ha tenido acceso este medio.

David Madí está en el centro de las investigaciones de los negocios ilícitos ligados al procés / CG

Presunto tráfico de influencias

El juez Aguirre también reclama al ministerio un “listado de petición de autorizaciones del Consejo de Ministros relativas a las inversiones extranjeras durante el periodo del estado de alarma, decretado el 14 de marzo de 2020” y el “listado de autorizaciones concedidas con la fecha de la misma”. Todo ello, porque en las conversaciones intervenidas de Madí se indica que el departamento de Maroto y la propia ministra se habrían saltado el proceso burocrático pertinente para facilitar la operación.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ante el desafío de aprovechar los fondos europeos para el futuro de las plantas de Nissan en Barcelona / EP

Así lo reconocen en una conversación entre Madí y un empleado de Banco Santander, Antonio B. Según la transcripción que está a manos de la justicia, ambos admitían que era muy complicado obtener el visto bueno del Gobierno en el contexto pandémico. “Todas las inversiones de países de fuera de la Unión Europea necesitarán una autorización del Consejo de Ministros, y esas autorizaciones no son nada fáciles”, indican, “porque las miran con lupa, tienen miedo de que los fondos buitres entren en empresas cotizadas y no cotizadas”.

Justificación del ministerio

Asimismo, se afirma que “para saltarse la cola ha habido que hacer malabarismos y, sobre todo, ha habido que hacerlo a niveles subalternos, aunque con el conocimiento de la ministra”. Incluso se apunta qué alto directivo estaría implicado en esta trama. La instrucción inicial indica que “por fuentes abiertas, se conoce que el secretario al que pudieran estar refiriéndose es Juan Ignacio D.B., quien ejerce como director del gabinete de la ministra”.

Industria ha manifestado en declaraciones a la agencia EFE que la operación “no necesitaba autorización” del ministerio “al no tratarse de uno de los sectores sensibles incluidos en el real decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19”.

Consulta a través de CEOE

Reconocen que “un representante de CEOE” consultó el 19 de marzo pasado a la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones si la entrada de Mitsubishi en Bergé requería “ser autorizada a la luz del nuevo marco aplicado a las inversiones de fuera de la UE”. Industria detalla que “el mismo día se respondió que no era preciso porque no se trataba de un sector sensible” y que solo debía ser “comunicada al Registro de Inversiones antes de formalizarse”.

Estas serían parte de las gestiones en las que habría intervenido Madí. Según la instrucción, Bergé habría contratado sus servicios de intermediario para este fin. La empresa familiar niega este extremo. Asegura que no ha contado con el político en esta operación y recuerda que se cerró bastante antes de lo que se apunta a las pesquisas iniciales. Mitsubishi Corporation entró en el capital del grupo a finales de 2019.