Foment advierte de que la falta de flexibilidad laboral aboca miles de empresas al cierre

"El Gobierno no tiene en cuenta las dificultades que están viviendo las empresas". Así de contundente se ha mostrado Foment del Treball durante la presentación del último informe trimestral sobre el mercado de trabajo y la negociación colectiva en Cataluña.

El tono duro de la patronal se dirige tanto al Govern como al Ejecutivo central. La organización reprende a ambas administraciones que aprueben medidas que torpedean la superviviencia empresarial y acercan aún más su "defunción definitiva". "Nos encontramos con una serie de medidas que pensamos que son erróneas, como la prohibición de establecer externalizaciones o de extinguir contratos de trabajo", ha indicado Javier Ibars, director de relaciones laborales de Foment.

"Tendríamos que trabajar conjuntamente sindicatos, patronal y gobiernos en intentar evitar que tengamos el mayor número de despidos y cierres de empresas vía ERE y concursos de acreedores", ha resumido Ibars. En este sentido, la entidad reclama una mayor flexibilidad para acometer reestructuraciones puntuales en las compañías como alternativa a los planes de ajuste traumáticos y a una mayor destrucción de ocupación.

Pesimismo empresarial

Los palos en las ruedas denunciados por la patronal se suman a la sensación de pesimismo que cunde entre los distintos sectores económicos. Según una encuesta presentada por Foment, el 94% de los empresarios no prevén recuperar su volumen de negocio precrisis hasta el próximo 2022. Sin embargo, hay un 80% de entrevistados que esperan remontar la facturación a partir del segundo trimestre de 2021.

Las principales preocupaciones que perciban las empresas son la incertidumbre económica del país (66%), la incerteza económica de su sector (44%) y las pérdidas de las ventas (42%). Ante esta coyuntura, Foment insiste en que "resulta inaceptable añadir cargas fiscales" sobre las espaldas de los empresarios.

La organización lamenta las noticias sobre subidas impositivas que se alejan de las políticas aprobadas por el resto de países europeos. "Sería lamentable que España fuese el único país que incrementase estos costes", ha afirmado María Ángeles Tejada, presidenta de la comisión de relaciones laborales y recursos humanos de Foment.

Polémica sobre el teletrabajo

Preguntado por Crónica Global, Ibars ha criticado las desafoturnadas palabras del consejero Chakir El Homrani acerca de la obligatoriedad del teletrabajo: "El consejero se equivocó absolutamente. De hecho, la consejera de Presidencia, Meritxell Budó, enmendó lo que había dicho. Si la consejera que está por encima de él lo ha rectificado, está todo absolutamente clarificado".

Ibars asegura que en la reunión conjunta del pasado lunes entre los agentes sociales, la Generalitat y el Procicat no se mencionó en ningún momento que este tipo de jornada tuviera que imponerse en los centros de trabajo. "El espíritu de ese acuerdo recogía que, solo en el momento en que hubiera una normativa que obligase al teletrabajo, este sería obligatorio", ha declarado. Hoy por hoy, destaca, la posibilidad del teletrabajo no pasa de ser una mera "recomendación".

Valoración del empleo

Respecto a los datos de desocupación, Foment ha subrayado que se ha producido un incremento interanual del 28,3% en Cataluña y del 22,62% en el resto de España. Un alza causada de forma directa por la pandemia y que sitúa la cifra total de parados en la comunidad catalana en 506.600 personas. Dato que podría elevarse aún más si se tuviera en cuenta por parte de la Encuesta de Población Activa (EPA) a los trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).

De hecho, hasta septiembre se habían comunicado en Cataluña 102.654 expedientes, con una afectación sobre una población ocupada de 849.405 trabajadores. De estos, la inmensa mayoría corresponden a la modalidad de suspensión de contrato (86,71%), mientras que los formulados para extinguir completamente la relación laboral solo han supuesto un 0,14%. Foment destaca que el auge de este instrumento contractual no se había vivido ni siquiera durante la crisis del ladrillo durante la etapa de 2008-2012.