Desde este martes ya está en vigor la nueva ley que regula el precio del alquiler en los 60 municipios de más de 20.000 habitantes de Cataluña. La iniciativa, impulsada por el Sindicato de Inquilinos, tiene la intención de frenar las subidas en las zonas más tensionadas. Sin embargo, el sector inmobiliario recela de su efectividad y augura escaso recorrido a una norma que no pasó el corte del Consejo de Garantías Estatutarias. Tanto es así que se muestran convencidos de que los partidos de la oposición presentarán recurso y la medida caiga en corto plazo, por loq ue han cedido la iniciartiva judicial.
La nueva ley del alquiler, aprobada el pasado 9 de septiembre por el Parlament, impedirá que los precios aumenten con respecto al contrato anterior o que una vivienda se sitúe por encima de la media de su zona. También aquellos inmuebles que entran al mercado por primera vez deberán someterse a un índice fijado por la Generalitat.
Norma polémica
La norma no ha estado exenta de polémica desde su elaboración. Mientras que el Sindicato de Inquilinos la ha defendido como una herramienta útil para contener las subidas, inmobiliarios, propietarios y partidos de la oposición han expresado su rechazo a una ley que, consideran, no será efectiva para acabar con las dificultades de acceso a la vivienda.
“La accesibilidad es un problema importante al que se debe hacer frente desde la Administración y el propio sector, pero resolverlo desde el control de precios no es una buena solución”, alerta el director de estudios de pisos.com, Ferran Font. “No es un problema exclusivo de Cataluña, sino de grandes capitales mundiales. Esta medida ya se ha aplicado en mercados como Berlín o París, donde apareció una economía sumergida basado en pagos bajo cuerda”, detalla.
Rechazo de las patronales
Además, la norma ya recibió el informe negativo del Consejo de Garantías Estatutarias, que alertó de que 11 artículos vulneran el Estatut y la Constitución. También las patronales Foment del Treball y Pimec tacharon la ley de "error mayúsculo" que amenaza con “paralizar el sector inmobiliario” y “alejar inversiones”.
“Será una ley que tendrá más impacto en los titulares de prense que en aplicación directa”, subraya Font en referencia al anuncio que hizo el PP de llevar la ley ante el Tribunal Constitucional. Asimismo, desde la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario (AEPSI) lamentan que el Govern no haya tenido en cuenta al sector a la hora de tramitar la norma.
“No sabemos cuánto tiempo va a estar en vigor, pero ya genera incertidumbre”, señala la vicepresidenta de AEPSI, Montse Moreno, que apunta que el pequeño propietario buscará inquilinos temporales que den “pocos problemas”, mientras que los grandes tenedores pueden abandonar sus inversiones hacia otros mercados más favorables. Además, lamenta que la medida se aplique a toda Cataluña por igual, cuando las tensiones en los precios se limitan a Barcelona y su área metropolitana, Girona y en menor medida a Tarragona.