El espaldarazo que ha recibido este martes el régimen sancionador a la morosidad por parte del Congreso de los Diputados supone una victoria para Pimec. La patronal de pymes, a través de su Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (PMcM) dirigida por Antoni Cañete, ha liderado la batalla para endurecer las sanciones y evitar que estas prácticas rompan la cadena de pagos. Con todo, Cañete reconoce que para que la norma sea efectiva se debe tramitar con rapidez, y así dotar a las compañías de una herramienta con la que garantizar la liquidez en plena crisis económica por la pandemia.
“Necesitamos que el trámite sea rápido porque España se enfrenta a una situación sin precedentes, con empresas que han incrementado su deuda mientras que la demanda es inferior a la que había antes de la crisis. Sin esta ley, muchas cerrarán”, explica Cañete. Ante este panorama, han sido numerosas las compañías que han tratado de proteger la liquidez de su caja retrasando pagos a proveedores al máximo, incluso por encima del límite legal.
Aumento de los impagos
“La realidad es que se incumplen los periodos de pagos y aumentan los impagos”, asegura el ejecutivo, que ocupa la secretaría general de Pimec y ha sido designado por el actual presidente, Josep González, como su sucesor al frente de la patronal en 2022. Ahora, la previsión de la PMcM es que la proposición de ley, admitida a trámite con unanimidad de la Cámara Baja este martes, sea aprobada tras la paralización que sufrió la pasada legislatura cuando la convocatoria electoral forzó la disolución del parlamento y la norma quedó en el limbo.
Según cálculos de la plataforma, el periodo medio de pago de las empresas del Ibex llega a 169 días, frente a los 60 días que marca la ley. Mientras que la media empresarial es de 85 días y en el caso de la Administración es de 82 días, frente a los 30 establecidos. “La pyme es la que más acusa la morosidad, siempre es el último de la cadena quien más padece”, resume Cañete.
Introducción de sanciones
El nuevo régimen sancionador de la morosidad, llevado este martes al Congreso por JxCat y defendido por Ferran Bel, del PDECat, contempla la creación de un observatorio de la morosidad y sanciones de hasta 6.000 euros para las infracciones leves, de entre 6.000 y 100.000 euros para las graves, y de hasta un millón de euros para las más graves. También prohíbe la posibilidad de pactar un plazo superior al establecido por ley.
De hecho, la PMcM ya ha alertado de que una rotura de la cadena de pagos dejaría sin liquidez al 70% de las empresas, grandes y pequeñas. En línea con las previsiones del Banco de España de caída del PIB para este año, la plataforma asegura que las compañías necesitarán entre 220.000 y 240.000 millones adicionales. Es por ello que Cañete urge al Congreso a tramitar el nuevo mecanismo sancionador con celeridad ante la "situación crítica” que ha dejado la pandemia.