La pandemia del coronavirus provocó que la palabra teletrabajo, muy poco extendida en España hasta hace unos meses, se convirtiera en algo habitual en nuestras conversaciones familiares y en el ámbito laboral. No obstante, el vacío legal que existía (apenas unas directrices europeas que no se actualizan desde hace una década) ha inducido a errores entre trabajadores y equipos directivos al no haber especificaciones. Estas disputas se acabarán, en principio, a partir de este martes cuando el Gobierno apruebe en el Consejo de Ministros la nueva ley.

De momento, este lunes las negociaciones entre sindicatos, patronal y Gobierno siguen abiertas y se espera que se anuncie el acuerdo a lo largo de la jornada. Entre las medidas más destacas se encuentra el pago por parte de la empresa de los costes o la implantación de medidas para vigilancia y control a los empleados.

Porcentaje de horas

Este es, a pocas horas de que se apruebe en el Consejo de Ministros, el punto de desencuentro donde más fricciones han existido entre Gobierno y agentes sociales. El Gobierno quiere que para que un trabajador pueda acogerse a la normativa del teletrabajo éste abarque, al menos, un 30% de su jornada laboral. Según fuentes sindicales, parece que este es el porcentaje quese impondrá, mientras que la patronal pedía un 20% a inicios de las conversaciones.

Es decir, que para acogerse a la nueva ley de teletrabajo bastaría con acudir a su puesto físico entre una jornada y dos a la semana, dependiendo de las horas que se tengan firmadas en el contrato laboral.

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Costes asociados

En el último borrador al que ha podido acceder Crónica Global, se indica que el trabajador tendrá derecho al abono de los costes relacionados con los equipos, herramientas y las facturas energéticas o de telecomunicaciones. 

“El desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado o compensado por la empresa, y no podrá suponer la asunción por parte de la persona trabajadora de gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral”,  se lee en dicho documento.

Personal y revisable

En cuanto al tiempo y a las formas, el Gobierno y los agentes sociales entienden que cada empleado debe firmar el acuerdo del teletrabajo. Es decir, no habrá negociación colectiva ya que se estudiará cada caso por separado en un plazo inferior a tres meses desde que se dé luz verde a la nueva ley.

Por otra parte, los empleados también podrán desligarse del acuerdo firmado si consideran que ya no le es conveniente acogerse al acuerdo del teletrabajo y quieren desarrollar sus funciones permanentemente en su puesto físico.

Control empresarial

La empresa podrá poner en marcha la utilización de los medios telemáticos y el control de la prestación laboral mediante dispositivos automáticos, pero garantizará adecuadamente el derecho a la intimidad y a la protección de datos.

No obstante, la empresa no podrá exigir la instalación de dichos programas en ordenadores personales por lo que, de instalar las aplicaciones de control, deberá facilitar otro equipo alternativo.

Desconexión digital

En el borrador que se va a llevar al Consejo de Ministros también figura el derecho a la desconexión digital por parte de los empleados. Es decir, que las empresas no podrán exigir a la plantilla dedicar más horas de las establecidas por convenio.

“El deber empresarial de garantizar la desconexión conlleva una limitación del uso de los medios tecnológicos de comunicación empresarial y de trabajo durante los periodos de descanso, así como el respeto a la duración máxima de la jornada y a cualesquiera límites y precauciones en materia de jornada que dispongan la normativa legal o convencional aplicables”, reza el texto.