El Gobierno tendrá consejeros y propondrá independientes en el nuevo Caixabank

Los consejos de Caixabank y Bankia inician formalmente este jueves el proceso de fusión de ambas entidades para confeccionar un “campeón nacional” en el que el Gobierno tendrá muchas cosas que decir. Por lo pronto, el Ejecutivo formará parte del consejo de la nueva entidad, en la que el Estado dispondrá de uno o dos asientos. Y, además, también realizará propuestas para el nombramiento de consejeros independientes, que supondrán, al menos, la mitad de los que formen parte del órgano ejecutivo.

La situación es completamente dispar de la que, hasta ahora, se ha dado en Bankia, de la que el Estado es accionista mayoritario desde 2012, a raíz de la inyección de 24.000 millones de euros de capital público para rescatar a la entidad. Pese a esa situación de control, en la que la participación pública llegó a ser próxima al 80%, el Estado no contó con representantes en el consejo que, desde entonces, ha estado presidido por José Ignacio Goirigolzarri.

Cambio de escenario

Sin embargo, las tornas cambiarán con la fusión. En este caso, el Gobierno sí ha solicitado que la participación pública en la entidad resultante, que sería de aproximadamente el 15% del capital, se vea refrendada con su correspondiente representación en el consejo. En función del número de consejeros independientes que finalmente tenga el órgano ejecutivo del nuevo banco, el Ejecutivo podría designar hasta dos puestos.

Pero además, también tendrá la capacidad de proponer candidatos para ocupar los asientos que correspondan a independientes, aunque en menor medida que la Fundación Bancaria La Caixa, que será el primer socio de la nueva Caixabank, con una participación superior al 30%.

Contra el criterio del BCE

El nuevo escenario que se plantea apunta a una vocación de permanencia por parte del Estado en la entidad que entra en colisión con las advertencias del Banco Central Europeo (BCE). El organismo emisor ha sido uno de los impulsores de la operación, especialmente a través del vicepresidente Luis de Guindos, pero también se ha encargado de recordar al Ejecutivo que debe cumplir con el compromiso adquirido en su día de vender la participación, que procederá de su posición mayoritaria en Bankia.

Precisamente, el hecho de que el Estado no haya tenido representación en el consejo de Bankia ha estado relacionado con la peculiaridad de la situación. No se trata de una inversión de carácter estratégico ni financiero sino de una situación sobrevenida en la que el principal y casi único objetivo de la Administración, una vez saneada la entidad, es proceder a la venta de la participación e intentar, de este modo, reparar la inyección de capital público.

Señales de permanencia

El compromiso inicial del Gobierno con las autoridades europeas fue de cinco años pero, contando con la última prórroga que aprobó el Gobierno, ya entonces liderado por Pedro Sánchez, el plazo se irá a los nueve años. Ahora, en el nuevo escenario de la fusión con Caixabank, el Gobierno aprovecha para desembarcar en la nueva entidad con todos los bártulos, sin dar precisamente señales de que la aventura vaya a ser pasajera.

La composición del consejo de la nueva entidad ha sido uno de los asuntos candentes que han mantenido activas las negociaciones hasta el último momento, aunque la gran batalla se ha librado en la ecuación de canje. En cualquier caso, los nuevos consejeros deberán pasar el preceptivo examen de idoneidad por parte del BCE antes de incorporarse a la nueva entidad, lo que obligará al Gobierno a valorar concienzudamente sus propuestas para el consejo antes de llevarlas a cabo.