La intrahistoria política de una fusión histórica: del irrelevante Torra al papel del PNV

No lo era (y eso que aún ni se atisbaba lo que vendría con el coronavirus que, por entonces, apenas comenzaba a sonar entre los más enterados) pero el Gobierno, el primero de coalición de la historia de la democracia y recién constituido hacía apenas tres semanas, ya llevaba tiempo estudiando qué hacer con Bankia. La parte del consejo de ministros perteneciente a Unidas Podemos lo tenía muy claro: convertirla en aquella banca pública que había preconizado desde sus programas electorales, incluso con fórmulas inéditas y un tanto rocambolescas como una extraña fusión con el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

La figura de FG

Los planes en el despacho de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, pasaban por otro lado e iban a parar, directamente, al despacho del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una de las opciones más comúnmente explorada en el pasado había sido una fusión con BBVA, operación que siempre solía toparse con la figura del entonces presidente de la entidad con sede en Bilbao, Francisco González.

La pieza separada de la causa abierta contra el excomisario de policía José Manuel Villarejo que tiene como protagonista al BBVA y, entre otros, a González, había provocado su salida y, al mismo tiempo, despejado el camino para una operación de la que se había hablado tantas veces que al mercado ni siquiera le iba ya a sorprender.

Un banco sin dueño

Sin embargo, una maniobra de este calado y con una entidad con una participación mayoritaria del estado no se lleva a cabo sin un claro componente político. Y menos, con el BBVA. La alargada sombra de Francisco González había desaparecido pero no la del Partido Nacionalista Vasco (PNV), muy influyente en todo lo que concierne a una entidad financiera criada y crecida en tierras y por familias vizcaínas y que, aunque hace tiempo que sus negocios se dispersan por todo el mundo, sigue teniendo un más que notable arraigo telúrico.

En el fondo, ¿quién es capaz de controlar un banco sin un accionista de referencia prácticamente desde que surgió fruto de las históricas fusiones entre el Bilbao y el Vizcaya y la posterior compra de Argentaria?

Peaje político

Para llevar a cabo la operación, no sólo sería necesario que salieran los números financieros; también deberían salir los políticos. Y en esas lides, Sánchez ya tenía unos cuantos hitos marcados con el PNV para corresponderle por la deferencia de haberle apoyado en la más que ajustada votación de investidura que le llevó a renovar como inquilino de la Moncloa tras dos procesos electorales consecutivos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez / EFE

Añadir una más que segura factura adicional no entraba en los planes de Sánchez, a sabiendas de que la fusión entre BBVA y Bankia iba a tener un elevado coste. Y, por si todo esto fuera poco, el levantamiento del secreto del sumario sobre la citada pieza separada del caso Villarejo añadía mucha tensión en el entorno del banco, por más que su actual cúpula directiva insista con ferocidad que su implicación en las actuaciones investigadas por el juez sobre supuestas prácticas ilegales encargadas al excomisario es completamente nula.

Más obstáculos

Pero la presunción de inocencia no es capaz por sí misma de eliminar el riesgo de una actuación judicial que pudiera poner en entredicho la declaración del órgano ejecutivo del banco. Demasiados obstáculos para una operación que se desvanecía, al mismo tiempo que la pandemia del coronavirus complicaba todavía más el futuro del sector bancario en general y de Bankia, en particular.

José Sevilla, consejero delegado de Bankia, en la presentación de resultados de los nueve primeros meses de 2019 / EFE

En los últimos días del mes de julio, en el mismo lugar donde Goirigolzarri explicó a los periodistas que no era el momento para que el Estado saliera de Bankia, su consejero delegado, José Sevilla, se dispuso a presentar las cuentas del primer trimestre. En la sala, apenas tres representantes de la prensa que se habían atrevido a desafiar los temidos rebrotes del Covid-19 que comenzaban a aparecer en las principales ciudades.

Puerta abierta

A través de la vía telemática, las preguntas volvieron a tocar el asunto de la venta de la participación por parte del Estado y de posibles fusiones. Y, esta vez, el ejecutivo de Bankia no fue tan tajante en su respuesta. Como bien reflejó parte de la prensa escrita en sus reseñas posteriores, Sevilla “abrió la puerta” a posibles fusiones. “Un entorno continuado de bajos tipos y rentabilidades cada vez más bajas no deja de ser un caldo de cultivo para las operaciones corporativas”, apuntó.

La opción de Caixabank ya estaba sobre la mesa, con el atractivo de la buena marcha de la entidad que dirige Gonzalo Gortázar y, sobre todo, con la ausencia de condicionalidad política. Una operación que, hace unos años, se había encargado de frustrar precisamente un político, Rodrigo Rato, aunque por entonces con funciones de presidente de Bankia.

Un antes y un después

Caixabank no exigía peaje político. En el pasado, podría haber ocurrido. Pero desde finales de 2017, tras el aquelarre soberanista que culminó con el referéndum ilegal del 1 de octubre, todo cambió. La entidad y su principal accionista, la Fundación Bancaria La Caixa, dejaron su sede social de Barcelona para trasladarse a Valencia y Palma de Mallorca, respectivamente. Y llegado el momento de una operación tan importante como la de crear el primer banco del país, el papel de la Generalitat se ha visto reducido a una reclamación de que la sede de la entidad resultante de la fusión entre Caixabank y Bankia esté en Cataluña.

Demasiado tarde para darse cuenta de las consecuencias de la héjira de empresas que se produjo en aquel momento y a la que el entorno soberanista restó toda importancia. Precisamente, la misma que ha tenido en todo este proceso el Gobierno de Quim Torra: ninguna.