El Hermitage exigirá una indemnización si Colau veta el proyecto en el Puerto

Los inversores del Museo Hermitage de Barcelona estudian interponer una reclamación patrimonial contra el Ayuntamiento de Barcelona si la administración local veta la obra en el Puerto. Los promotores de la sede catalana de la pinacoteca rusa tienen en su haber borradores de denuncias contra el consistorio porque, creen, han adquirido unos derechos durante los trámites que han sorteado hasta ahora.

Así lo explican fuentes cercanas a un proyecto que promueve la sociedad Museo Hermitage Barcelona, formada por el fondo de inversión Varia Hermitage Barcelona (80%) radicado en Luxemburgo y Cultural Development Barcelona (20%), mercantil del empresario ruso Valery Yarolaski y del arquitecto Eugenio Ujo Pallarès. "Ya hay documentos en marcha. El planeamiento urbanístico se modificó en el plenario del Ayuntamiento de Barcelona el 27 de abril de 2018, y ese cambio contó con el voto favorable de Barcelona en Comú [el partido de la alcaldesa, Ada Colau]", explican las fuentes consultadas.

Reclamación patrimonial preparada

Las mismas voces han recordado que la actual oposición del gobierno municipal de Colau al Hermitage no constituye solo una contradicción política, dos años después de votar a favor, sino que puede generar responsabilidades. "El giro de guión del Ayuntamiento podría provocar un menoscabo en el erario público de Barcelona. Los vecinos acabarían pagando la improvisación del equipo de la primera edil, y no sería la primera vez, si así lo estima el juez", han lamentado.

¿Pero qué derechos invocarían? "La modificación del plan especial Nova Bocana [consultar documento completo aquí] del Puerto de Barcelona aprobada en abril de 2018 contenía una parcela, la 1a/31.3b, que inicialmente era comercial, pero a la que se añadió el epígrafe de cultural para facilitar el museo. Es el terreno llamado Edificio Central. Pues bien, esta pastilla cambió de uso para albergar el museo. El sí final corresponde al Puerto y el Ayuntamiento con arreglo a un convenio", recuerdan directivos cercanos a la inversión. Ahora bien, si la administración local se descuelga como ha anunciado y veta el proyecto, los promotores creen que estarán en una posición de reclamar sus derechos.

Alegaciones: "Nulidad de pleno derecho"

De hecho, la sociedad promotora del Museo Hermitage Barcelona, que operaría como subsede de la pinacoteca situada en San Petersburgo (Rusia), ya avanzó en sus alegaciones a la negativa municipal a autorizar la obra que leía el no como "nulo de pleno derecho". La mercantil alertó en su escrito contra la resolución negativa del consistorio de que el veto a la inversión "carece de fundamento jurídico". Advirtió también la empresa, que es de capital 100% privado, que un bloqueo municipal discurriría contrario al derecho comunitario en lo que concierne a la libre prestación de servicios y establecimiento.

Haciendo hincapié en sus derechos adquiridos, los inversores de la galería diseñada por el arquitecto Toyo Ito enfatizaron en sus alegaciones que un veto de BComú y PSC sería contrario a la "potestad del Puerto y el derecho solicitante de la concesión". Bajo el punto de vista de los inversores, un rechazo a su llegada a Barcelona sería una "arbitrariedad" motivada por "razones ideológicas". 

Indemnizaciones por mala praxis municipal

Las voces jurídicas consultadas han recordado que si el Hermitage denuncia a Colau por quebrantar sus derechos y gana, no sería la primera vez que el Ayuntamiento de Barcelona debe rascarse el bolsillo por las política de la alcaldesa. Ocurrió en 2018, cuando la administración local tuvo que indemnizar con 801.183,56 euros a la hotelera Catalonia Hotels & Resorts porque le concedió la licencia de derribo, medioambiental y de obras para construir un hotel en la calle Magdalenes en 2007. La firma, no obstante, no pudo comenzar los trabajos porque la finca estaba okupada. El entonces líder del PP en el Ayuntamiento, Alberto Fernández Díaz, advirtió de que en aquella okupación participaban la propia Ada Colau y Gala Pin, exconcejal de Ciutat Vella, en su etapa de activista.

Un año después y aún con Colau en la gestión, el Ayuntamiento de Barcelona fue condenado a indemnizar con más de cuatro millones de euros a la unión temporal de empresas (UTE) formada por las constructoras Rogasa, Copisa, Comsa y Benito Arnó por la rescisión del contrato del túnel de la plaza de les Glòries. Bimsa, la constructora municipal, lo enterró en abril de 2017 al detectar grandes sobrecostes. No obstante, el póker de empresas litigó y consiguió que un tribunal atribuyera los mismos al cálculo municipal. La auditoría anterior ya había avanzado ese parecer. Contra esa decisión, no obstante, cabe recurso.