Cataluña se encamina hacia una huelga indefinida de la seguridad privada en plena reapertura. Los vigilantes han convocado un paro indefinido a partir del próximo 1 de julio con el fin de exigir un convenio propio del sector a nivel autonómico que conlleve mejoras retributivas y laborales. Hasta el momento no hay acuerdo con la patronal Aproser, lo que añade presión sobre la negociación.
El último intento de acercamiento de posturas ha sido un contacto con la Dirección General de Seguridad de la Consejería catalana de Interior. El departamento que comanda Miquel Buch (JxCat) asegura en una carta a la que ha accedido este medio que comparte la preocupación del convocante, ADN Sindical, para una "mejora" de la seguridad privada en Cataluña. No obstante, el equipo de Buch recuerda que no es su competencia el convocar una mesa negociadora ni los trabajos preparatorios para la misma.
Huelga total de la seguridad privada en plena reapertura / CG
Peligro de "caos" el 1-J
Este conato fallido de negociación sobre la bocina deja el conflicto enquistado. Por ello, el sindicato que ha llamado al paro general del sector, ADN Sindical, alerta de que se impone una negociación previa a la movilización o se avecina el "caos" en servicios no esenciales como hospitales, la Ciudad de la Justicia de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), centros comerciales y tiendas.
Estos establecimientos no gozarán de servicios mínimos tan amplios como los equipamientos esenciales, por lo que se podrían quedar sin vigilancia el 1-J, con el riesgo que ello conlleva en plena apertura del país tras la pandemia del coronavirus.
Acabar con las contratas a precio
Antes de que ello ocurra, el convocante subraya sus demandas: un convenio autonómico para el sector, sí, pero también tablas salariales negociadas dos años antes de finalizar el convenio para poder aplicarlas en la contratación pública; coto a las "empresas piratas"; las mismas reglas de juego y seguridad jurídica para todos los actores y un plus de profesionalidad para el colectivo.
Estima la parte social que faltan en Cataluña unos 500 vigilantes y que el personal está muy envejecido, con medias de edad que rondan los 50 años ante el desinterés de los jóvenes por un sector con bajos sueldos.